Más de 11.000 viviendas destruidas en el país tras el terremoto: Gobierno anuncia ayudas de arriendo y subsidios de vivienda

El Gobierno Nacional puso en marcha un plan de reconstrucción para atender a las familias afectadas por el terremoto que dejó daños en varias regiones del país. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, el balance oficial registra más de 11.000 viviendas destruidas, 162 edificios totalmente destruidos o colapsados y más de 44.900 viviendas averiadas.

La magnitud de la emergencia llevó al Gobierno a estructurar una estrategia de reconstrucción en tres etapas, que contempla medidas de atención inmediata, programas de mejoramiento de vivienda y construcción de nuevas casas para las familias que perdieron sus inmuebles.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en entrevista con La FM, explicó que la primera fase estará concentrada en resolver las necesidades más urgentes de las familias damnificadas. Entre las primeras medidas se encuentra la implementación de alivios en el pago de servicios públicos y la entrega de subsidios de arriendo, que comenzarían a asignarse a partir de la próxima semana, de acuerdo con la caracterización que adelanta la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Estos subsidios serían entregados a través de alcaldías y gobernaciones y tendrían una duración inicial de entre cuatro y seis meses. Los entes territoriales serán los encargados de identificar a las familias afectadas y canalizar las ayudas.

La segunda etapa, prevista para los próximos cuatro meses, contempla subsidios para el mejoramiento de las viviendas que puedan ser recuperadas y programas de vivienda nueva para quienes perdieron completamente sus inmuebles.

Para avanzar en este proceso, el Gobierno busca articular recursos del presupuesto nacional con aportes de los entes territoriales, el sector privado y organismos internacionales. Los empresarios, según explicó el Ministro, se comprometieron a apoyar la emergencia con maquinaria amarilla para retirar escombros, un banco de materiales para atender reparaciones menores y un fondo destinado a contribuir con los subsidios de mejoramiento y vivienda nueva.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos es la disponibilidad de recursos públicos. El Ministerio de Vivienda cuenta actualmente con cerca de $40.000 millones para inversión, una cifra que, de acuerdo con Beltrán, resulta insuficiente frente a las dimensiones de la emergencia.

Por esta razón, la Unidad de Gestión del Riesgo y el Ministerio de Hacienda adelantan un proceso para identificar recursos disponibles en diferentes entidades del Estado que permitan financiar, inicialmente, los subsidios de arriendo y posteriormente las obras de reconstrucción.

El Gobierno también anunció medidas para evitar que los damnificados sean víctimas de especulación con los precios de los arriendos. Tras recibir denuncias sobre incrementos en los alquileres aprovechando la emergencia, se trabaja en un marco regulatorio que permita proteger a las familias afectadas.

Nuevas reglas para la construcción

La reconstrucción también contempla ajustes en las condiciones técnicas para las nuevas edificaciones. A partir de la próxima semana se instalará una mesa técnica con participación de diferentes gremios para revisar la normatividad y fortalecer los controles relacionados con las estructuras antisísmicas.

El Ministerio de Vivienda señaló que la emergencia también permitirá revisar las condiciones de la autoconstrucción y las exigencias relacionadas con la seguridad estructural de las viviendas.

El Gobierno considera que este proceso deberá incluir, además, la habilitación de suelos y una mayor supervisión de las normas antisísmicas para reducir los riesgos en futuras construcciones.

Asimismo, la caracterización de las familias damnificadas será el principal mecanismo para definir quiénes pueden acceder a los subsidios y demás ayudas. Alcaldías y gobernaciones deberán entregar al Gobierno Nacional la información sobre las personas afectadas y acompañar la distribución de los recursos.

La estrategia busca evitar que personas ajenas a la emergencia accedan de manera irregular a los beneficios. Por ello, el Gobierno insistió en que los censos y la verificación en territorio serán fundamentales para garantizar que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan.

El Ministerio de Vivienda también habilitó sus canales digitales para recibir los casos de las familias afectadas y articularlos con las autoridades territoriales.