Lío de las pensiones en Colombia: ABC para entender qué pasará con las mesadas

En los últimos días se ha generado incertidumbre alrededor del pago de las pensiones, luego de una decisión del Consejo de Estado que puso freno al decreto del Gobierno Nacional que ordenaba el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones.

¿Cuál es el origen de la polémica?

El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió un decreto que ordenaba mover cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, correspondientes a personas que se acogieron a la denominada “ventana de oportunidad” contemplada en la reforma pensional.

Cabe recordar que la reforma pensional estableció un periodo de dos años para que algunas personas pudieran cambiarse de régimen pensional, incluso si anteriormente no habían hecho el traslado dentro de los tiempos ordinarios.

Esta medida se aplica a afiliados que están cobijados por el régimen de transición y que tienen menos de diez años para pensionarse.

¿Qué es el régimen de transición?

Es el mecanismo que permite que ciertos trabajadores mantengan las condiciones del sistema anterior, establecido en la Ley 100 de 1993, incluyendo requisitos y forma de cálculo de la pensión.

La reforma determinó que podrán permanecer en ese régimen las mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y los hombres con 900 semanas.

¿Cuántas personas hicieron el traslado?

De acuerdo con estimaciones de Asofondos, cerca de 120.000 afiliados se trasladaron desde fondos privados hacia Colpensiones mediante esta ventana de oportunidad. El gremio también ha señalado que alrededor de 24.000 de esas personas ya habrían alcanzado su pensión.

¿Cuál es la discusión jurídica?

El principal desacuerdo gira en torno al destino de los recursos ahorrados por esos afiliados.

Por un lado, Asofondos sostiene que el dinero debe permanecer temporalmente en los fondos privados hasta que se consolide el reconocimiento de la pensión y luego ser trasladado al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, contemplado en la reforma.

Desde ese sector consideran que el decreto del Gobierno desconocería lo aprobado en la ley pensional, pues la reforma había previsto que el dinero se trasladara a un fondo específico administrado por el Banco de la República y no por el sistema público de pensiones.

¿Qué decidió el Consejo de Estado?

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del decreto del Gobierno. Con esta decisión, los recursos permanecerán por ahora en los fondos privados y se frenó el traslado de varios billones de pesos que estaba próximo a ejecutarse.

El tribunal señaló que, en un decreto anterior, el propio Gobierno dispuso que los recursos serían administrados por las administradoras de fondos de pensiones “hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez en el régimen anterior”.

¿Por qué algunos expertos advierten riesgos?

Analistas económicos y centros de pensamiento han señalado que un traslado masivo e inmediato de recursos podría generar impactos sobre las finanzas públicas y el mercado financiero.

Algunas voces también han advertido sobre posibles presiones futuras en el gasto pensional si esos recursos terminan utilizándose para cubrir necesidades fiscales de corto plazo.

Los detractores de la decisión señalan que con este movimiento de plata lo que el Gobierno pretendía era convertir en gasto corriente lo que está destinado a ser un ahorro en el Banco de la República con el único fin de garantizar la base pensional de los afiliados.

¿Qué respondió el Gobierno?

El Gobierno Nacional aseguró que la decisión del Consejo de Estado podría afectar la sostenibilidad del sistema pensional y advirtió sobre riesgos para la financiación del esquema.

Sin embargo, expertos han reiterado que en Colombia las pensiones están respaldadas por el Presupuesto General de la Nación y que el Estado mantiene la obligación de garantizar el pago de las mesadas.

¿Qué sigue?

El fallo dejó para la sentencia de fondo otros argumentos planteados por los demandantes, entre ellos que el decreto estaría motivado en necesidades de caja del Gobierno, la posible afectación del derecho de propiedad sobre los ahorros y los efectos económicos de obligar a los fondos a vender títulos de deuda pública en pocas semanas.

El tribunal precisó que la suspensión “no implica prejuzgamiento”, pues la decisión definitiva se adoptará en la sentencia que resuelva la demanda de nulidad.

Asimismo, el Consejo de Estado reconoció que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo todavía no opera, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional suspendió la mayor parte de la reforma pensional en junio de 2025. Sin embargo, aclaró que esa suspensión no le da vía libre al Gobierno para cambiar por decreto el destino del dinero.