La Ocde advierte que Colombia se queda corta en la lucha contra el soborno transnacional

Colombia obtuvo un balance desfavorable en la lucha contra el soborno transnacional, de acuerdo con el más reciente informe del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, que evaluó el desempeño del país en la prevención, detección y sanción de este delito.

Según la organización, pese a que existen avances normativos y algunas sanciones administrativas, los resultados son insuficientes y persisten fallas estructurales que limitan la efectividad del sistema.

El soborno transnacional, también conocido como cohecho internacional, obliga a los Estados a vigilar que las empresas domiciliadas en su territorio no ofrezcan dádivas a funcionarios públicos extranjeros a cambio de ventajas indebidas, como la adjudicación de contratos. Esta herramienta es clave en la agenda global anticorrupción y uno de los compromisos centrales de los países que hacen parte de la Ocde.

Según el informe, Colombia ha impuesto apenas su segunda sanción administrativa por cohecho internacional contra una persona jurídica, pero no ha logrado llevar ante la justicia a ninguna persona natural por este delito.

“Sus niveles de detección son bajos”, advierte el documento, que además señala que los mecanismos de asistencia jurídica mutua, indispensables para investigar hechos que cruzan fronteras, “no están coordinados y están infrautilizados”.

El Grupo de Trabajo también expresa preocupación por los riesgos que afectan la independencia de las investigaciones y de los procesos judiciales, así como por la persistente falta de protección efectiva para los denunciantes. A ello se suma, dice el informe, “el marcado aislamiento institucional de las agencias responsables de la detección, investigación y enjuiciamiento del cohecho internacional”, lo que reduce la capacidad del Estado para actuar de manera articulada y oportuna.

Los dos casos en los que Colombia ha impuesto sanciones por soborno transnacional ilustran el alcance y también las limitaciones del modelo actual. El primero es el de Inassa, empresa sancionada con una multa superior a los $5000 millones por su participación en el escándalo del Canal de Isabel II. La investigación determinó el ofrecimiento de sobornos en España para la obtención de contratos públicos en varios países de América Latina.

El segundo caso corresponde a la firma de seguros JLT, sancionada por sobornar con viajes y cenas a ejecutivos de la aseguradora estatal ecuatoriana Seguros Sucre, con el fin de mantener una relación comercial y un contrato de reaseguro. En ambos expedientes, las sanciones recayeron sobre las personas jurídicas, sin que se hayan producido condenas contra individuos responsables de los hechos.

Ante este panorama, la Ocde formula varias recomendaciones al Estado colombiano. Entre las principales están la necesidad de coordinar de manera efectiva el trabajo entre la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades, así como implementar con carácter urgente un marco integral de protección para los denunciantes de actos de corrupción.