Gobierno quiere controlar precios del mercado; la advertencia que hace el Consejo Gremial

Con graves advertencias, el Consejo Gremial cuestionó la postura de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que solicitó a varios empresarios la información sobre sus políticas de fijación de precios y de descuentos.

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial recordó que la constitución “es clara”, al citar el articulo 333 donde establece que el estado no puede coadministrar empresas privadas e insistiendo en que se protege la libertad económica porque “vigilar mercados nada tiene que ver con exigir cómo se fijan precios o márgenes”.

“Inspeccionar y vigilar no es acosar. El Estado puede investigar conductas ilegales concretas, pero no pedir de forma masiva y preventiva la lógica interna de precios como si todas las empresas fueran sospechosas”, explica.

Desde el Consejo Gremial defienden que se sancionen prácticas anticompetitivas, pero advierten en que esta postura del gobierno de fiscalizar cuánto gana una empresa o como adopta sus políticas de mercado es ilegal y solo apunta a controlar el mercado a futuro.

“La reserva comercial no se negocia, es una garantía constitucional. Hoy se pide información, mañana se decidirán los precios de forma centralizada y pasado mañana no habrá empresas ni productividad”, cuestiona Gutiérrez.

Insiste la líder gremial que perseguir abusos no es lo mismo que vigilar la rentabilidad, pero que se está pasando a la línea de la ilegalidad al obligar a las empresas a revelar información estratégica sin una base legal.

Agregan además que la postura del gobierno nacional viola la garantía comercial de los empresarios, “que solo pierden el empleo, la inversión y el crecimiento” y debilita la seguridad jurídica y la confianza.

Mientras varios gremios como la Andi, Fenalco o el Consejo Gremial cuestionan que las decisiones de la Superintendencia afectan gravemente el mercado en Colombia.

Desde la SIC aseguran que se vendrán varias decisiones para otras empresas que también serán investigadas sobre el manejo del control de precios.

Según se conoció, habrá nuevos requerimientos a otras empresas tras la solicitud de información a las primeras cinco compañías: Nalsani S.A.S., Whirlpool Colombia S.A.S.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, también se refirió al tema:

“Sin duda, este proceder constituye una indebida intromisión del Gobierno en los asuntos empresariales. Pretenden convertir a la SIC en una Superintendencia de Precios, desnaturalizando su función. Sería pertinente que el Gobierno del presidente Petro recuerde, y tenga muy presente, la esencia del artículo 333 de la Constitución Política, que consagra la libertad de empresa y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin permisos previos, salvo los casos expresamente autorizados por la ley”, afirmó.