En el 2019 viene un fuerte apretón en el gasto del Gobierno

Tras la aprobación de la ley de financiamiento por solo $7,1 billones de los $14 billones faltantes del Presupuesto Nacional, el Gobierno deberá ajustarse el cinturón el próximo año y adelantar duros recortes en los rubros del gasto que se aprobaron desfinanciados.

De momento, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha asegurado que el recorte inicial de los programas sociales sería de unos $1,5 billones, pero podría llegar a $5 billones, y además, se revisará a mediano plazo la política de subsidios, entre ellos los de vivienda diferente de la de interés social o no VIS.

Debido a la inequidad y a la ineficiencia de estos recursos en el país, esta discusión no es nueva. De hecho, la Contraloría ha alertado sobre el alto costo de esos subsidios.

“En 2017, Colombia destinó a subsidios $118,5 billones. Nos gastamos en ayudas a la salud, la educación, la vivienda, la nutrición, el agua potable y el saneamiento básico casi lo mismo que la nación recauda por impuestos. Sin embargo, los resultados no se reflejan en una mejor calidad de vida de la población”, advirtió meses atrás el ya excontralor Maya Villazón.

En Colombia, el gasto de los subsidios sociales (el que se concede a los individuos y los hogares) y los productivos (para las empresas) es hoy muy elevado.

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A 2015, según los últimos cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el gasto anual en los primeros fue de $71,8 billones, lo que representa 9,0% del PIB, siendo los más representativos los de educación (33% del total promedio), los de pensiones (28%), los de salud (18%) y los servicios públicos (7%). Por su parte, los de las empresas solo representan unos $1,2 billones, es decir, 0,2% del PIB.

Sin embargo, el problema real no es el elevado gasto que representan, sino su mala distribución entre la población lo que estanca la reducción de la desigualdad. Y es que en total, $4 de cada $10 en subsidios se entregan a los más ricos debido a que los segmentos más altos de la población reciben casi 40% del total.

En concreto, destaca la desigualdad de los subsidios a las pensiones donde las personas de ingresos más altos reciben el 50% del total de estas subvenciones mientras que al más bajo tan solo le llega solo el 4,3%.

Por su parte, los subsidios a la vivienda y a los servicios públicos también presentan problemas de focalización. Los estratos altos reciben 36,6% y 32,1% del total de esas ayudas, respectivamente.

“Persiste una deficiente focalización de los subsidios en pensiones y servicios públicos, por ejemplo, en donde en el primer caso 53% de los subsidios llegan a la clase media consolidada y a la clase alta del país”, recalcó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

Sin embargo, otros recursos tienen una mayor eficiencia como el de atención en la primera infancia, los tres quintiles de ingreso más bajo reciben 81% de todo el subsidio, mientras que en salud el número es de 77%.

Pero quizás la reducción de los subsidios a la tasa de interés para viviendas no VIS será uno de los que causará más impacto entre los colombianos.

Según algunas constructoras, a la fecha alrededor de 20.000 hogares, con créditos ya aprobados, esperaban estos subsidios pare reducir su cuota inicial y los pagos mensuales.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) informó ayer que el Gobierno Nacional logró aprobar en los últimos cuatro meses más de $3 billones de recursos de regalías para las regiones del país.

“Desde el Departamento Nacional de Planeación continuaremos apoyando a municipios y departamentos en la estructuración y formulación de proyectos para que logren traducirse en obras y servicios con calidad que beneficien a más colombianos”, explicó la directora del DNP, Gloria Alonso.

De acuerdo con la funcionaria, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) municipales del Caribe y Centro Sur, el Ocad Regional Pacífico, y el Ocad Regional Llano, lograron la aprobación de 123 proyectos por $448.521 millones, recursos que se suman a las 764 iniciativas por $2,5 billones que fueron viabilizadas en los últimos meses del gobierno de Santos.

Los sectores que concentraron la mayor aprobación de recursos de regalías fueron el transporte (46 %); Vivienda, Ciudad y Territorio (12 %); Educación (10 %); Deporte y Recreación (9 %); y Ambiente y Desarrollo Sostenible (7%).

“La ejecución de estos proyectos aprobados se suma a la apuesta por la reactivación económica y deberá verse reflejada en generación de empleo para las regiones”, dijo la señora Alonso.

La funcionaria también destacó que después de realizar diferentes Ocad se pasó de tener un saldo de $8,4 billones a $5,4 billones, lo que representa una reducción superior al 30 % de los recursos que se encontraban depositados en las cuentas de los bancos.

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