Emergencia económica y nuevos gravámenes; expertos advierten impactos en inversión y estabilidad jurídica

La eventual declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro abrió un nuevo frente de discusión en el país, esta vez alrededor de los impuestos que podrían implementarse mediante decreto y que, según analistas y expertos tributarios, tendrían efectos directos sobre la inversión, el flujo de caja de las empresas y el crecimiento económico durante 2026.

Aunque hasta ahora el Ejecutivo no ha oficializado las medidas, la sola posibilidad de que se adopten gravámenes como el incremento temporal del gravamen a los movimientos financieros al 5x1.000 y la extensión del impuesto al patrimonio a las empresas ya ha generado preocupación en el sector productivo.

Empresarios y especialistas advierten que estos cambios representarían un ajuste profundo al sistema tributario, con impactos que irían más allá del recaudo fiscal.

Uno de los puntos que más inquieta es el aumento del conocido cuatro por mil, que pasaría al cinco por mil. Para Juan Carlos Arbeláez, socio y director de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co, esta medida encarece el uso cotidiano del sistema financiero y reduce la liquidez empresarial, al gravar cada transferencia, retiro o pago electrónico. En un contexto económico que exige mayor dinamismo, explicó, este tipo de impuesto limita el dinero disponible para operar y crecer.

Arbeláez también advirtió que el impacto no se restringiría a las grandes compañías. Pues, hogares, trabajadores independientes y pequeños comercios, que dependen de una alta rotación de pagos, se verían igualmente afectados.

“El aumento, si bien es temporal, reduce la liquidez y castiga especialmente a hogares, trabajadores independientes y pequeños comercios que dependen de una alta rotación de pagos”, señaló.

Otro de los ejes del debate es la inclusión de las empresas en el impuesto al patrimonio, una decisión que marcaría un cambio sustancial en la lógica tributaria vigente.

Este gravamen recaería sobre los activos acumulados, sin tener en cuenta el desempeño operativo o la rentabilidad anual, lo que podría afectar balances financieros y decisiones de inversión, en especial en sectores intensivos en capital.

Desde su análisis, Arbeláez sostuvo que esta medida encarecería el mantenimiento de activos productivos y reduciría los márgenes para el crecimiento empresarial. Además, alertó sobre el efecto combinado del impuesto al patrimonio con el 5x1.000, un escenario que, según dijo, podría profundizar las presiones financieras sobre el sector productivo.

Sin embargo, el borrador de decreto va más allá de estos dos tributos. El documento también contempla la aplicación de un IVA del 19% a los juegos de azar operados en línea, cuyo hecho generador estaría asociado a los depósitos que realizan los usuarios en estas plataformas.

A esto se suma la creación del Impuesto Especial para la Estabilidad Fiscal, una carga del 1% sobre la extracción, primera venta o exportación de petróleo crudo y carbón, dirigida a contribuyentes con una renta líquida igual o superior a 50.000 UVT, cuyos recursos financiarían el gasto público durante la vigencia de la emergencia.

En materia de impuestos al consumo, el borrador incluye un aumento en la tributación de cigarrillos, tabaco y derivados, incorporando productos como vapeadores y sistemas electrónicos de nicotina, mediante una estructura que combina tarifas específicas y componentes ad valorem certificados por el Dane.

De igual forma, plantea elevar el gravamen para licores, vinos, aperitivos y bebidas similares a partir de 2026, con un componente específico de 750 pesos y uno ad valorem del 30%, lo que ampliaría el recaudo sobre bienes de alta demanda.

Las críticas también llegaron desde exfuncionarios del Estado. Christian Quiñónez, exsubdirector de la Dian, consideró que ampliar el impuesto al patrimonio a las empresas representa una carga adicional difícil de asumir, incluso para negocios medianos y pequeños.

En su opinión, esta situación podría llegar a ser confiscatoria, al obligar a los empresarios a tributar tanto por su patrimonio personal como por el de sus compañías, comprometiendo la sostenibilidad de los proyectos productivos.

Quiñónez también cuestionó el incremento del gravamen a las transacciones financieras, al calificarlo como un “exabrupto” que afecta directamente el flujo de caja de personas y empresas, al impactar todas las operaciones financieras sin distinción.

A estas voces se sumó José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, quien advirtió que ampliar la carga tributaria mediante un decreto de emergencia podría deteriorar el clima empresarial.

Según Restrepo, imponer un impuesto al patrimonio a las empresas carece de lógica económica, pues estas ya tributan sobre la generación de ingresos, por lo que gravar riqueza acumulada que ya pagó impuestos se convierte en un factor de distorsión para la inversión.