Anif hace sus recomendaciones al proyecto de ley de rescate; proponen repensar temas de IVA

El centro de pensamiento Anif presentó su concepto sobre el proyecto de ley de rescate que radicó el Gobierno Nacional.

De acuerdo con los expertos de la entidad, la iniciativa va en la dirección correcta y plantea un ajuste fiscal cercano a 4,7% del PIB para el año 2030, una cifra consistente con el tamaño del reto.

Destacan la propuesta de la reducción en el gasto público, el refuerzo de los controles asociados a la regla fiscal y la eliminación de algunos impuestos que poco recaudan y terminan siendo difíciles de gestionar.

“Adicionalmente, a través del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), el proyecto aplana la cancha a nivel internacional a la hora de atraer capitales. Para las nuevas inversiones de gran escala, el RUGE ofrece una tarifa de renta reducida y estabilidad tributaria por 16 años, en línea con los regímenes que ya tienen países vecinos como Argentina y Chile. Esto es importante teniendo en cuenta que Colombia tiene hoy una de las tasas de renta corporativa más altas del mundo y es poco atractiva frente a los países que compiten por esas inversiones”, indica Anif.

Recomendaciones

Pese a que considera vital el ajuste fiscal, el centro de pensamiento plantea la necesidad de cambiar algunos aspectos del proyecto.

“En particular, la propuesta relacionada con el aumento del IVA, si bien viene acompañada de una iniciativa de devolución para los hogares más pobres del país, enfrenta una resistencia política importante y puede afectar de manera significativa a algunos sectores productivos, en la medida en que el 62% del valor de la canasta gravada con mayores impuestos son bienes y servicios de consumo intermedio, es decir, insumos productivos”.

Agrega Anif, que si el programa de devolución del IVA, denominado EfectIVA, no funciona como plantea el proyecto de ley y no se mitigan los efectos sobre sectores como el de alojamiento y comidas, ganadería, y agrícola, esta medida puede generar pérdidas importantes de bienestar en los hogares y de las actividades afectadas. “Valdría la pena repensar alguna de estas medidas y que el país tenga tiempo para analizar diferentes escenarios”.

También cuestionaron el aumento de los costos laborales asociados a la menor deducción de pagos de parafiscales por parte de los empleadores. Una empresa con un trabajador que devenge 3 y 4 salarios mínimos mensuales, tendrá un sobrecosto de $315.000 y $950.000, respectivamente. “En un momento de acelerado cambio tecnológico y un ambiente de competencia que premia la automatización, esta medida es inconveniente”.

Anif sugiere considerar mayores recortes al gasto público, incluido, una reducción de al menos 10% de los cargos creados en los últimos años en la Rama Judicial, Fiscalía y órganos de control.

También proponen una mayor focalización en los subsidios públicos, para que dichos subsidios atiendan solamente a los hogares de menores ingresos. “Además, un impuesto a las pensiones altas y menores, deducciones a los pagos empresariales en efectivo, entre otras medidas. Adicionalmente, sugerimos la enajenación de activos del Estado, como ISA, a sabiendas de que la venta de activos no es un sustituto de fuentes recurrentes de ingresos, pero ayudaría a la Nación a tener menores necesidades de financiamiento y una reducción importante del servicio de la deuda en los próximos años”.

Con estas propuestas, considera Anif, se puede compensar la pérdida de algunos de los ingresos más polémicos. “También preferimos que se posponga la reducción en la tasa de renta corporativa a cambio de no incrementar los costos asociados a la nómina de las empresas, protegiendo así el empleo”.