Pilas con lo que dice en redes sociales: así buscan frenar las calumnias en la web

Si una persona logra comprobar que a través de redes sociales se le está calumniando, su ‘verdugo’ tendrá 72 horas de plazo para retractarse.

Eso es lo que busca el proyecto de ley 179 de 2018, que permitiría proteger a ciudadanos a los que, por actos de injuria o desde publicaciones con información errada o perfiles falsos, se les vulneren sus derechos al buen nombre y a la honra y a la intimidad en los sitios web.

El motivo de la iniciativa: las más de 600 denuncias por injuria y 287 por calumnia que se hicieron, solo durante el año 2017, en todo el país.
Así lo sostiene el senador José David Name, quien radicó el proyecto que pretende que se regulen las publicaciones en redes sociales e internet.

“Es necesario establecer mecanismos que permitan ejercer un mayor control sobre la libertad de publicación de contenidos en la web, respetando, ante todo, los límites impuestos por la Corte Constitucional y por los convenios internacionales relacionados con la protección al derecho a la libre expresión, que también es un derecho fundamental y prevalece en la mayoría de situaciones”, dice el texto presentado en el Senado de la República.

Name explica que esta iniciativa no tiene nada que ver con el Proyecto de Ley de Modernización del Sector TIC, radicado en septiembre de 2018 por la ministra Sylvia Constaín, con el que se busca actualizar la Ley 1341 de 2009, que generó polémica en diciembre, cuando se discutió en el Congreso.

“Además, mi propuesta es darles a los colombianos una herramienta jurídica para defenderse en las redes sociales. Básicamente no hay nada en común con el proyecto de la Ministra, por lo que no creo que se podrían incorporar”, precisa el senador.

También aclara que el derecho de libertad de expresión es el que debe predominar sobre otros en las múltiples situaciones que se presenten, en caso de que entrara en conflicto con los derechos al buen nombre, a la intimidad o a la honra, a menos que se compruebe que en la información divulgada exista una intención dañina o de negligencia al presentar hechos parciales, incompletos o inexactos.

Pero sostiene que “es necesario asegurar que los contenidos de las manifestaciones públicas sean respetuosos y coadyuven a una convivencia pacífica sin desconocer los derechos de las demás personas, excluyendo claramente las expresiones insultantes, desproporcionadas o que solo tengan el ánimo de dañar la honra y el buen nombre de los demás”.

Name asegura que este proyecto de ley va a ser para las personas comunes, no para medios o periodistas, porque cuando ellos publican se sobreentiende que su información debe ser veraz y objetiva.

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El analista político Luis Ernesto Gómez considera que el derecho a la libertad de expresión pende de una delgada línea con esta iniciativa, puesto que, en el caso del periodismo de opinión, en donde, por ejemplo, aparece una caricatura con la que se hace una burla a una personalidad, “habrá quién crea que, con esta ley aprobada, esto pueda ser motivo de denuncia”.

Andrea Talero, experta en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TIC, concuerda con Gómez, pero asegura que lo que se debe comprobar es la fuente de la información.

Sin embargo, Name reitera que para los medios de comunicación ya existe una reglamentación en cuanto a la publicación de sus contenidos.
En relación a las ventajas de este proyecto, Talero considera que puede reducir los contenidos falsos de la web porque va a generar una credibilidad con la información que se va a encontrar.

Pero Gómez manifiesta que, “con poner una ley para que se prohiban las noticias falsas no se hace nada. Lo que hay que hacer es formar a los ciudadanos con un pensamiento crítico para valorar la información que reciben de manera masiva en las redes sociales”.

Explica que no basta con expedir reglas prohibitivas, porque se estaría regulando desde el temor y el control de las tecnologías. “Necesitamos hacer normas para lograr cambios desde lo cultural, para que la gente se eduque frente al uso de las redes”, agrega.

Ante esto, Talero menciona que al aprobar una ley lo que más debería restarse es la subjetividad, pero frente a este proyecto las subjetividades son las que más sobresalen.

“Si en comentarios publicados en redes hay alguna vulgaridad, eso puede ser motivo de denuncia, según esta ley. Aunque hablar sin respeto no ayuda a la comunicación, en el contexto de democracia debemos respetar que no todos tienen la misma forma de expresarse, pero entrar a la minucia y el detalle de cuándo se está dañando el buen nombre de alguien, se vuelve muy subjetivo, y esto hace complicado aplicar una ley”, precisa.

También indica que regular qué se puede decir y qué no en redes sociales afecta la libertad de expresión en la forma de cómo nos estamos expresando: “Es muy complejo decir qué es una grosería y qué no, porque cada quien lo toma a su manera”.

Name, por su parte, asegura que este proyecto de ley es para que la gente se haga responsable del contenido que publica en internet.
Además, para que los ciudadanos tengan una forma de defenderse ante los contenidos que son injuriosos y calumniosos de los perfiles falsos y la información equívoca, teniendo una acción rápida: “Cuántos jóvenes no se han quitado la vida por la información que se publica de ellos en redes siendo falsa”.

“Los medios de comunicación han perdido mucha credibilidad, la gente no atiende los medios tradicionales, sino que se van a las redes sociales, donde no se sabe cuál es la información real y cuál no. La profesión del periodismo se ve muy afectada por las personas que en redes no se identifican y dan información falsa. Si hay una normativa para los medios cuando se equivocan en sus publicaciones, también lo debe haber para el anónimo de internet”, precisa el senador.

De acuerdo con Talero, un tema de delito, según esta iniciativa, sería cuando se compruebe que bajo perfiles falsos se está publicando información errada o dañina a terceros. Pero cuando solo se está expresando una opinión sobre hechos del país, situaciones del contexto o respecto a personalidades conocidas, no debería ser motivo de denuncia, porque esto sigue siendo una forma de libre expresión.

Si esta ley se aprueba, “los ciudadanos deben ser cautelosos con la información que publiquen, que no haga daño a terceros, saber que las fuentes son seguras, que la información no es falsa”, concluye.

Según el Artículo 347 el Código Nacional de Policía, “el que por cualquier medio (incluso redes sociales) atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá por esta sola conducta en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 13,33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.