Las graves consecuencias ambientales detrás de los líos con los convenios de la Ptar

Las presuntas irregularidades encontradas en los contratos que Emcali firmó para modernizar la PTAR Cañaveralejo, según investigación de la Contraloría General de la República, no es lo único que preocupa en este proceso. Tras esta situación hay unas consecuencias ambientales que impactan el río Cauca por el vertimiento de las aguas residuales sin el tratamiento adecuado.

Esto se debe a que pese a que la firma española Acciona -contratista de la obra- trajo los equipos electromecánicos para mejorar las capacidades de la PTAR, nunca fueron instalados tras el vencimiento del acuerdo en mayo del 2020.

Por consiguiente, la planta solo está tratando el 70 % del 100 % de las aguas servidas que produce la capital vallecaucana y que eventualmente afectan al río Cauca. Esto quiere decir que pese a que 5,7 metros cúbicos por segundo son expulsados al afluente, cerca de 0,6 metros cúbicos por segundo son arrojados de manera directa sin tratar.

Es por esto que la Contraloría emitió una alerta temprana por detectarse “ un riesgo de incremento no previsto de la cantidad de vertimientos contaminantes que irían directamente al río Cauca, sin un tratamiento primario adecuado, dadas las actuales condiciones de la PTAR Cañaveralejo, que, a la fecha de las revisiones documentales y visita del equipo auditor, tenía una capacidad reducida de tratamiento”.

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Óscar Zúñiga, vicepresidente de la Asociación de Vocales de Emcali (veedores), describió que “si uno se dirige a la vereda La Playita a las 2:00 de la tarde puede darse cuenta de cómo se expulsan todas las aguas que no alcanzan a tratar cada día y el río Cauca parece como si le estuvieran echando tintura de café”.

Zúñiga afirmó que Emcali debe hacer lo posible para que la PTAR tenga una capacidad de tratamiento superior al 90 % para garantizar que haya un menor impacto ambiental aguas abajo, en especial si el Cauca va a deparar en el río Magdalena y luego al mar Atlántico.

“Es tan grave esta situación que en Yumbo, a la altura de Vijes, uno se da cuenta que el oxígeno del río Cauca se pierde casi totalmente por esa contaminación tan fuerte”, aseguró el vocal de control.

A esto se suma las afectaciones en la salud de las comunidades ribereñas, que no solo consumen las aguas del afluente, sino que también las aprovechan para regar sus cultivos.

Con el fin de solucionar estos inconvenientes, Emcali busca instalar por su cuenta los equipos que no puso en marcha por el contratista, pero esta es una decisión que depende de un Tribunal de Arbitramento, pues aparte de que esos equipos le pertenecen legalmente a Acciona, hay un litigio en curso. El contratista le exige a la ciudad un pago de $67 mil millones, pero Emcali le reclama $150 mil millones por los daños patrimoniales.

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“Ese incumplimiento se evidencia en varias partes de esta planta, mucho de lo que intervino ese contratista, que veremos físicamente, la empresa no lo puede tocar por un tema netamente legal; primero hay una reclamación jurídica y una póliza de estabilidad”, afirmó Juan Diego Flórez, gerente de Emcali, durante un encuentro con el Concejo en abril de este año.

Hace un mes la entidad de servicios públicos anunció que iba a solicitar al Tribunal que permitiera a Emcali acometer los trabajos pendientes y utilizar algunos de los equipos no instalados por Acciona que ya están en la PTAR, mientras se dirime el litigio con la firma española. Todavía no hay una respuesta del juez.

Frente a esta situación, la concejal Natalia Lasso aseguró: “Las disputas legales continúan y parecen no llegar aún a feliz término. Mientras tanto, el río Cauca recibe cerca de 2 metros cúbicos de aguas residuales por segundo sin ningún tratamiento. Estamos ante un daño irreparable contra el río Cauca que afecta a Cali y a todas las poblaciones río abajo que también dependen de él”.

Además, agregó que “Emcali no puede continuar lavándose las manos diciendo que el contratista no cumplió y que se está presionando en un tribunal de arbitramento para que haya un veredicto final que libere a la empresa”.

La cabildante también se quejó que a los caleños se les cobre en las facturas de acueducto y alcantarillado por costos de tratamiento que “no se está realizando como corresponde”.

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La Contraloría determinó que hubo más de $17.400 millones en hallazgos fiscales tras indagaciones en 11 convenios suscritos entre Emcali y el Viceministerio de Vivienda, de los cuales cuatro solo estaban ejecutándose al momento de las investigaciones.

Se descubrió que el contratista cobró varias veces por un solo ítem, el de estudios de patología y vulnerabilidad, lo que provocó un daño al patrimonio de $601.446.630.

A esto se suma que dado que los equipos no se pusieron en funcionamiento, Emcali perdió $5240 millones.

Pero lo que más preocupa es que el contratista solo ha devuelto el 22 % de los $14.991 millones del anticipo que entregó Emcali para las obras civiles de los componentes del sistema de aguas residuales.