Estos son los hallazgos que la Contraloría encontró en su inspección a Emcali

Nuevos líos en materia de contratación fueron detectados en Emcali. Esta vez, la Contraloría General de la República, CGR, determinó hallazgos fiscales por $17.400 millones en contratos que se derivan de 4 de 11 convenios que la compañía de servicios públicos suscribió con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico entre el 2013 y 2016.

Estos convenios tienen objetivo de modernizar y optimizar la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Cañaveralejo.

Lo primero que observó la CGR es que de los 11 proyectos, solo 4 se encontraban en ejecución al momento de que la entidad hizo las indagaciones, mientras los 7 restantes apenas estaban en proceso de contratación.

Entre los hallazgos principales se encuentra que el contratista Acciona Aguas SAU cobró varias veces por una misma tarea, referente a los estudios de patología y vulnerabilidad estructural en los digestores A, C y E de la PTAR. Por ejemplo, en lo que refiere a los estudios del digestor E, estos se cobraron tres veces.

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Solo esta irregularidad provocó que a Emcali le cobraran cantidades adicionales por $466.237.698 y hubiese un daño al patrimonio de los caleños por el orden de $601.446.630.

Por otro lado, Acciona Agua SAU -firma española- tenía la obligación de montar equipos electromecánicos en algunos componentes de la PTAR, intervenciones que quedaron incompletas cuando el contrato expiró el 5 de mayo del 2020 y el cual nunca renovó Emcali.

Pese a este incumplimiento, se giraron recursos que dejaron pérdidas superiores a los $5240 millones en el patrimonio público, según cita la Contraloría General en su informe.

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A esto se suma que al contratista le giraron más de $14.991 millones por razón de un anticipo para realizar obras civiles, montajes y suministros de los componentes del sistema de aguas residuales. Sin embargo, luego de que el contrato expirara en mayo del año pasado y Acciona Agua SAU no lograra concluir las obras, la empresa solo ha presentado 15 actas de avances de obra por cerca de $3431 millones, o sea solo ha retornado el 22 % del anticipo a Emcali.

Pero las denuncias no se detienen ahí, puesto que la Contraloría General emitió una alerta temprana por los impactos ambientales sobre el río Cauca a raíz de las obras inconclusas, “dado que se detectó un riesgo de incremento no previsto de la cantidad de vertimientos contaminantes que irían directamente al río Cauca, sin un tratamiento primario adecuado”.

El ente de control dice que, para el momento en que hicieron las revisiones y la auditoría, la PTAR Cañaveralejo presentaba una capacidad reducida de tratamiento.

Pocas horas después de conocerse esta información, en la mañana de ayer, Emcali publicó un comunicado en el que recordaba que inició acciones legales contra la firma española por los incumplimientos en la ejecución de las obras.

“Cuando esta administración llegó en enero de 2020, encontró que el avance de obras era solo del 57%, situación que ha llevado a que la Ptar-C presenté hoy una difícil situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, se encontró que existía un inventario de equipos importante aún sin instalar por parte del contratista”, señala el comunicado, que aclara que el pleito está en un Tribunal de Arbitramento.

Emcali aseguró que está comprometida a colaborar con los organismos de control para “continuar aportando la documentación e información requerida y recuerda que las responsabilidades son individuales”.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar tras los hallazgos de la Contraloría General de la República, que hace una vigilancia especial de la empresa de servicios públicos de Cali.

Para Óscar Zúñiga, vicepresidente de Asodisvocales (veedores de Emcali), “es difícil entender por qué una empresa oficial se deja meter los dedos a la boca frente a contratos fantasmas, garantías fantasmas y poniendo en riesgo el patrimonio de la compañía”.

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“Uno se pregunta dónde están las oficinas jurídicas para que analicen esa documentación y hagan las investigaciones, porque hay personas inescrupulosas que están pendientes de cómo tumbar a las entidades de servicios públicos”, aseveró.

Zúñiga explicó que una consecuencia directa de este escándalo sobre los usuarios es el posible aumento de las tarifas de los servicios públicos para recuperar parte de los recursos perdidos.

Por su parte, el concejal Roberto Rodríguez recordó sobre el tema que tan pronto la interventoría evaluó los avances del contrato, descubrieron que está muy quedado, por lo que la Alcaldía y el gerente de Emcali en su momento, Jesús González, decidieron dejar vencer el contrato, pese a que la mayoría de los equipos para la obra ya habían llegado.

“Más allá de los hallazgos de la Contraloría, preocupa que los equipos se están oxidando en bodegas. Esos equipos tienen garantía y solo se reciben ya instalados, pero ¿cómo será eso posible si el contrato ya se venció? Y ahora completamos dos años sin liquidarlo y por ende, no podemos hacer otro para poner a funcionar los equipos”, cuestionó Rodríguez.

Es por esto que, para el cabildante, lo primero que debe determinar la Contraloría es la razón de por qué dejaron vencer el convenio con la firma española.

Hace dos semanas se conoció que, al parecer, Emcali recibió unas pólizas falsas de una unión temporal que debía realizar los estudios para renovar el acueducto y alcantarillado de Cali, un contrato por $30.000 millones.

Según una fuente de Emcali, el contrato se suspendió antes de iniciar por lo que no se habría girado ningún recurso a la contratista.