Detalles del proyecto con el que la Procuraduría busca tener más facultades

Con el fin de fortalecer las garantías en más de 12 mil procesos disciplinarios que se adelantan contra políticos elegidos mediante el voto popular en el país, la Procuraduría General de la Nación radicó este jueves ante el Congreso un proyecto de ley que le daría más facultades a sus funcionarios y que levantó ampolla en el país político.

En efecto, según explicó en varias entrevistas la procuradora Margarita Cabello Blanco, el proyecto busca reformar el Código General Disciplinario para darle facultades jurisdiccionales especiales a los procuradores disciplinarios y que puedan sancionar, en casos de destitución e inhabilidad, a quienes se eligen por voto popular.

“Los funcionarios de elección popular, hoy, no pueden ser destituidos o inhabilitados por una decisión de carácter administrativa, sino por un funcionario que tenga carácter jurisdiccional, por eso estamos pidiendo esas facultades”, explicó la funcionaria en Blu Radio.

La Procuradora aseguró que la iniciativa legislativa le daría más dientes al ejercicio de control disciplinario que tiene el organismo de acuerdo con la Constitución de 1991, algo clave en la lucha contra la corrupción que golpea a algunas regiones de Colombia.

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“Estamos pidiendo que se nos extiendan las facultades jurisdiccionales. Tendríamos excepcionalmente funciones jurisdiccionales, actuaríamos como juez”, enfatizó la procuradora Cabello en distintos medios.

Asimismo, según lo explicó el Ministerio Público, el proyecto de ley busca que cada fase de investigación contra los servidores públicos tenga funcionarios diferentes. “Así, quien investigue no será el mismo que atienda los descargos y juzgue”, indicó el ente disciplinario.

Un tercer objetivo de la propuesta legislativa que ya fue radicada ante el Congreso de la República tiene que ver con crear una sala especial de juzgamiento que permita en todos los procesos la doble instancia.

Frente al caso de alcaldesa Claudia López, en el que se refirió a una decisión de la Fiscalía, la Procuradora señaló que “simplemente necesitamos hacer una indagación preliminar”.

Cabello añadió que el proyecto defendería la autonomía e independencia de los servidores públicos que tendrán a cargo los procesos disciplinarios, “cumpliendo así con los estándares internacionales, contenidos en la decisión proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Y es que, como se recordará, la propuesta del Ministerio Público ocurre como respuesta a lo ordenado por la Corte IDH en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

El jurista y exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, quien calificó la decisión de la Corte IDH como “desafortunada”, explicó que cumplir la sentencia implicaría afectar más de cuatro o cinco normas constitucionales, “o sea que necesariamente implica modificar la estructura del Estado colombiano”.

El exprocurador añadió que ve “un poco difícil” darle funciones de juez a los procuradores a través de un acto legislativo del Congreso.

“Yo creo que la Procuraduría General de la Nación hoy tiene unas funciones que, si se cumplen cabalmente, podrían ser suficientes. Lo importante es darle celeridad a las funciones de la Procuraduría, que son indispensables para corregir los abusos de poder de algunos funcionarios y para tratar de darle base a la ética profesional”, señaló Bernal Cuéllar.

De su parte, el columnista Álvaro Forero manifestó que para que la propuesta del Ministerio Público no viole la separación de poderes “suplantando a la justicia”, tendría que reformarse al menos la forma de elección del jefe de la Procuraduría. “Para que no diga ‘nuestro gobierno’ como la actual Procuradora”.

La Procuraduría General también advirtió sobre la crisis humanitaria que enfrenta Arauca, por cuenta del desplazamiento de alrededor de 3000 personas que huyen de la situación de orden público que se registra en La Victoria, Venezuela, como consecuencia del bombardeo del ejército de ese país contra campamentos de la disidencia de las Farc.

El Ministerio Público hizo un llamado a las instituciones del Estado para que adopten las medidas necesarias para responder a esta emergencia humanitaria que supera la capacidad de atención del municipio de Arauquita (Arauca).

La Procuraduría actualmente adelanta 12.142 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular, entre ellos, 8.138 alcaldes.