UNGRD advierte falta de recursos tras suspensión de normas del decreto para atender El Niño

(Colprensa - 30 de julio de 2026) La suspensión provisional de dos apartes del Decreto 802 de 2026 abrió un nuevo choque entre el Gobierno Nacional y el Consejo de Estado por la financiación de la respuesta al fenómeno de El Niño. Javier Pava Sánchez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), lamentó la decisión del alto tribunal y advirtió que la entidad queda con menos herramientas para anticipar los impactos de la emergencia climática.

El pronunciamiento se dio después de que el Consejo de Estado suspendiera, de manera provisional, el parágrafo del artículo 4 y el inciso segundo del artículo 5 del decreto expedido el 23 de julio. Para Pava, la determinación resulta contradictoria porque mantiene vigente la declaratoria de desastre nacional, reconoce la inminencia de un fenómeno de alta gravedad, pero frena los mecanismos de financiación previstos para atenderlo.

El director de la Ungrd sostuvo que el punto más crítico está en la disponibilidad real de recursos. Según explicó, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo cuenta hoy con $62.400 millones de los $426.000 millones apropiados para 2026. En su lectura, ese monto es insuficiente para preparar al país frente a los daños que podría causar El Niño hacia el final del año.

“Hoy la situación es bastante preocupante porque atender el fenómeno de El Niño implica tener recursos”, señaló Pava, al defender la necesidad de una provisión adicional para la entidad. El funcionario insistió en que el Gobierno no va a bajar los brazos y que dejará constancia de que alertó sobre los riesgos y trató de reducir el impacto de la emergencia.

La discusión jurídica se concentra en los límites del Ejecutivo para mover recursos del presupuesto sin pasar por el Congreso. El Consejo de Estado consideró, de forma preliminar, que las disposiciones suspendidas no se limitaron a reglamentar recursos ya autorizados por la ley. Según la providencia, el decreto le daba al Ministerio de Hacienda la posibilidad de hacer traslados indeterminados y modificar la distribución presupuestal fijada por el Legislativo para 2026.

El alto tribunal también señaló que esos movimientos se pretendían realizar mediante un decreto ordinario y sin que existiera un estado de excepción. En ese contexto, la Sala advirtió que las partidas afectadas no quedaban claramente identificadas ni tenían un respaldo legal previo. Por eso concluyó, en esta etapa inicial del proceso, que el Gobierno pudo haberse excedido en una materia reservada al Congreso.

Otro punto clave del fallo tiene que ver con el artículo 50 de la Ley 1523 de 2012, norma que regula la financiación en situaciones de desastre. Para el Consejo de Estado, ese artículo no autoriza traslados presupuestales por fuera del trámite ordinario, sino que obliga al Ministerio de Hacienda a garantizar recursos dentro del proceso normal de programación y aprobación del presupuesto. Ese argumento fue central para suspender los apartes demandados.

La Sala también cuestionó que el decreto permitiera a la Ungrd ejecutar recursos sin adelantar licitaciones y con posibilidad de negociar precios de forma directa. Aunque la medida es provisional y no resuelve de fondo la demanda de nulidad, sí frena por ahora una parte de la estrategia financiera del Gobierno para responder a la declaratoria de desastre nacional.

Pava dijo que el Ejecutivo seguirá discutiendo el alcance de la decisión, especialmente porque los mayores efectos del fenómeno climático se esperan hacia el cierre del año. La tensión queda planteada entre la urgencia de contar con recursos para la prevención y la obligación institucional de respetar las competencias del Congreso en el manejo del presupuesto público.