Tribunal ratifica medida de aseguramiento contra exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por caso UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de mantener la medida de aseguramiento decretada en contra de los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla e Interior Luis Fernando Velasco, investigados por presuntos actos de corrupción dentro de la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD).

La decisión resuelve el debate que se había suscitado en el proceso desde que la magistrada Aura Rosero Vaquero no acogió la solicitud que habían emitido la Fiscalía y la Procuraduría, de enviarlos a detención domiciliaria, sino que impuso una medida más estricta que la solicitada por las entidades. Algo poco usual en estas instancias del proceso.

“La medida corre el riesgo de convertirse en una medida netamente formal , cuya voluntad queda supeditada al cumplimiento de quien tiene las llaves de su casa, circunstancia que pasa inadvertida con el riesgo expuesto”, explicó la magistrada en su momento.

El caso avanza bajo las acusaciones contra ambos exfuncionarios por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

Según el ente investigador, entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se habría estructurado un acuerdo para direccionar contratos públicos a congresistas a cambio de respaldo político a proyectos del Gobierno y créditos de la Nación.

La Fiscalía sostiene que el presunto entramado habría comprometido más de $612.000 millones en proyectos del Invías y la UNGRD. De acuerdo con la acusación, se habrían direccionado 74 proyectos del Invías por cerca de $571.700 millones y otros cinco convenios de la UNGRD por más de $40.500 millones.

En el documento también se detalla que los recursos habrían sido distribuidos entre congresistas de distintas comisiones económicas del Congreso en departamentos como Atlántico, Magdalena, Córdoba, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca y la Guajira, con el objetivo de asegurar votos favorables para más de 12 iniciativas del Ejecutivo por $142.658.279.353 pesos.

En suma a ello, otros 19 proyectos en Magdalena, Córdoba, Atlántico, Nariño y Caldas, por $80.816.638.625; 14 iniciativas del Senado en Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, por $155.145.632.524 pesos y, finalmente, 25 fueron distribuidos en 11 departamentos por $177.380.923.155 pesos.

Durante las audiencias, ambos exministros rechazaron los señalamientos y aseguraron que no negociarían con la Fiscalía. Velasco afirmó que las acusaciones se basan en “insinuaciones” y cuestionó que no se hayan investigado otros contratos que, según él, sí presentaban irregularidades. "No acepto cargos ni tengo nada que negociar con la Fiscalía” señaló.

Bonilla, por su parte, puso en duda las cifras utilizadas por el ente acusador y aseguró que varios de los proyectos mencionados venían de vigencias anteriores: “Señores de la Fiscalía, ¿cuál es el origen de ese cuadro de Invías? ¿Dónde está? Son proyectos de los años 2021 a 2022” detalló.

No obstante, según el ente acusador, los exministros se comprometieron a entregar 79 proyectos a senadores y representantes de la Cámara que en su totalidad sumaban $612.000 millones, pero solo siete de esas iniciativas se concretaron.