Tribunal de Cundinamarca ordena devolver más de $80.000 millones de las multas de tránsito a las entidades territoriales

En un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Federación Colombiana de Municipios ha recibido la orden de restituir a las entidades territoriales recursos por más de $84.752 millones.

Esta cantidad hace parte de excedentes operacionales y rendimientos financieros que son derivados del Sistema Integrado de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

Esta decisión judicial surge después de que se resolviera la acción popular radicada por la Alcaldía de Bogotá contra la Federación Colombiana de Municipios por la administración del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito.

El Juzgado 19 Administrativo del Circuito de Bogotá, en la decisión de primera instancia garantizó el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, al mismo tiempo que ordenó que la federación reintegrara los excedentes operacionales y los rendimientos financieros generados con los recursos destinados a la administración del SIMIT.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tras las apelaciones radicadas, mantuvo este aspecto central de la decisión del Juzgado, pero sí hizo modificaciones a su alcance. En consecuencia, esta corporación judicial concluyó que la Federación Colombiana de Municipios vulneró el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público por mantener los excedentes operacionales y rendimientos financieros que se generan con recursos con destino a la administración del sistema.

El artículo 10 de la Ley 769 de 2002 fue lo que analizó la decisión del tribunal luego de que se autorizara la implementación y actualización del SIMIT por parte de la Federación Colombiana de Municipios y el 10 % del valor de las multas pagadas fue establecido como fuente de financiación de dicha función.

La federación, según el Tribunal de Cundinamarca, tenía la facultad para percibir y administrar la totalidad de dicho porcentaje con el objetivo de cubrir los costos, gastos, inversiones y otras necesidades que se relacionan con la implementación, operación, mantenimiento y actualización del sistema. Pero a la vez, la decisión advierte que la facultad de administración no le da poder a la federación para adquirir la titularidad de los recursos.

Una de las cuestiones de la Alcaldía de Bogotá fue que los recursos estuvieran bajo la administración de la Federación Colombiana de Municipios. Para el tribunal, se acreditaron excedentes operacionales y rendimientos financieros que de ahora en adelante deberán retornar a las entidades territoriales.

Asimismo, el fallo ordena ejecutar un procedimiento que determine cuánto dinero corresponde a cada entidad territorial, que será una auditoría financiera, contable, contractual y patrimonial por parte de la federación para los próximos seis meses posteriores a la ejecutoria de la providencia.