"Todavía hay prejuicios en algunos jueces": magistrada Gloria S. López

Haber sido víctima de abuso sexual y tener que soportar las miradas incómodas de un agente o las suspicacias de un funcionario judicial es una situación que aún hoy en día continúan viviendo muchas víctimas de violencia de género y que en muchos casos las hace tomar la decisión de no denunciar.

Para la magistrada del Consejo de la Judicatura y presidenta de la Comisión de Género, Gloria Stella López, aunque en los últimos años se han expedido leyes que buscan castigar con mayor dureza los casos de feminicidio y mejorar las investigaciones de los crímenes y casos de discriminación contra mujeres y miembros de la población Lgbti, muchos jueces aún no conocen bien estas normas y cómo aplicarlas.

López explicó que los funcionarios pueden dejarse llevar por sus propios prejuicios y llegan a tolerar justificaciones que no son legítimas, como que la víctima se lo buscó o que la violencia es un asunto privado que se debería resolver en pareja, situaciones que, precisamente, se están trabajando desde la Comisión de Género.

¿En qué consiste la Comisión de Género y cuál es su función?
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La Comisión Nacional de Género fue creada en el año 2007 por un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura.

La pretensión del órgano es cómo impulsamos la aplicación de la perspectiva de género, el principio de igualdad, no discriminación y no violencia contra la mujer en la Rama Judicial, y obviamente que eso se vea reflejado en las decisiones judiciales en todos los casos, no importa la especialidad o la materia al momento de decidir el juez un caso específico.

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Nos trasladamos a los distritos judiciales, convocamos jueces y magistrados de los diferentes tribunales y realizamos un proceso de capacitación de acuerdo al tema específico que requiere la región.

En esa formación, un magistrado y juez de la región expone en qué casos ha aplicado perspectiva de género y obviamente se entra en la discusión del tema para mirar cómo podemos ir mejorando y aplicando en las decisiones judiciales.

¿Una tarea compleja?
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No es una tarea fácil porque tenemos todavía unos preconceptos culturales y una formación que viene de tiempo atrás y creo que en eso hemos avanzado bastante, porque solo en decisiones de las altas cortes en materia de perspectiva de género y el principio de la igualdad y no discriminación hay más de 1100 sentencias que sirven como norte a los jueces y a los falladores.

¿Estas 1100 sentencias de las que habla son fallos de qué tipo?
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Son casos de violencia sexual, de desaparición forzada, casos laborales, como cuando se viola algún derecho de una mujer a aspirar a un cargo; o de empleadas del servicio público que no se les reconoce su derecho o sus prestaciones sociales o su seguridad social. Sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la jurisdicción de Restitución de Tierras, que es la única especialidad que tiene el expediente digital completo. En eso hemos tenido el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid.

¿Y los jueces cómo saben cuándo aplicar perspectiva de género?
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En la comisión hemos creado una herramienta bien importante que está a disposición de los jueces para que en casos específicos puedan revisar si le puede aplicar perspectiva de género. Se le dice cuáles son las rutas que debe tener y los criterios orientadores para aplicar. La herramienta la usan por ahora 600 jueces. Todavía nos falta, pero hemos avanzado en crear esa cultura.

Hay gente que piensa que la violencia intrafamiliar es un problema de pareja y jueces que avalan esa postura...

Nosotros tenemos un grupo de 4321 jueces. Hay casos de aplicación de perspectiva de género desde el asunto más pequeño hasta el de mayor envergadura que puede ser el despojo de tierras, el feminicidio y la violencia contra la mujer. Lo que hemos tenido muy claro es cómo vamos creando en los jueces esa sensibilización esa formación en los términos exactos de cómo se aplica la perspectiva de género, porque como usted lo plantea hay unos prejuicios culturales.

¿Y lo aplican en su vida personal?
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Lo vimos hace poco en el poder judicial con un asunto de una relación de pareja (un magistrado de Santa Marta acusado de agredir a su pareja, una jueza). Personas que tienen criterios y formación judicial en temas de perspectiva de género y a pesar de eso pensaban: “es una decisión nuestra, es una relación de pareja”.

Ahí se ven los prejuicios que existen todavía. Es un trabajo duro que tiene la Comisión porque tenemos que eliminar esos estereotipos que hay no solo en los funcionarios judiciales sino en muchas personas frente a permitir algunas conductas.

El temor de las víctimas sigue...
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No solo es el preconcepto sino el temor (de la víctima) a tener que enfrentarlo en la sociedad o tener que hacer la denuncia respectiva o recibir un rechazo de la familia. Todas esas condiciones afectan el que algunas mujeres reclamen o denuncien algunas conductas que se cometen contra ellas. Eso es lo que tenemos que ir formando no solo en los funcionarios judiciales, sino también en la sociedad.

¿Se puede sancionar a jueces que se dejan llevar por sus prejuicios?
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Si uno no está de acuerdo con una decisión judicial, pues obviamente tiene recursos como el de apelación, pero también hay un elemento sancionatorio.

De hecho, la Sala Jurisdiccional disciplinaria sancionó recientemente a un juez en razón de que de manera muy evidente discriminó a una mujer en una decisión judicial. Todos tenemos que hacer visibles esos casos de discriminación y violación al principio de la igualdad.

Pero muchos feminicidios aún son juzgando como homicidios...
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Todo empieza desde la parte investigativa. En esa tarea también está el fiscal porque al momento de presentar la acusación tiene que determinarse bien la figura por la cual se está acusando, entonces desde la Fiscalía, al momento de hacer la acusación, debe haber claridad en eso para que el caso siga por esa misma línea, porque una vez se acusa el juez no puede cambiar el tipo penal.

Hemos hecho un trabajo conjunto con el ente acusador para formar jueces y fiscales y hacer un ejercicio académico sobre cómo se deben tramitar los procesos de abusos contra niños, niñas y adolescentes y contra mujeres para que tengan un resultado satisfactorio para las víctimas.

Mujeres agredidas dicen que es muy difícil probar los hechos
Este es un trabajo que estamos haciendo con el Consejo Superior y la Escuela Judicial porque es muy triste para una familia que por falta de cadena de custodia de una prueba o falta de una prueba en un proceso por violencia contra un menor o una niña no se resuelva como debe ser.
Eso pasa mucho en los casos de menores y es un trabajo que ha hecho fuerte la Fiscalía en los últimos años para que los casos se resuelvan con mayor prontitud. Ese es uno de los propósitos que tenemos en la formación de jueces.