Siguen sin aclararse las irregularidades por posible conflicto de intereses en contrato para expedir pasaportes en el país

Continua la polémica por el millonario contrato de pasaportes que tiene en jaque al Gobierno debido a las irregularidades que existen por el posible conflicto de intereses que habría al rededor de éste. Es de recordar que la Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el canciller Álvaro Leyva, cuyo abogado defensor, Mauricio Dueñas, dijo que órgano de control no tiene competencias en el caso.

Esta vez al Canciller le correspondió responder un cuestionario de 30 preguntas relacionadas en un derecho de petición enviado por la representante Jennifer Pedraza, a través del cual se pretendía esclarecer las dudas sobre la licitación de casi medio billón de pesos y la posterior demanda de Thomas Greg and Sons (TGS) que podría costarle al país $117.000 millones.

Esto porque el canciller Leyva declaró desierta la licitación para la impresión de pasaportes a la que había llegado TGS como único oferente. Proceso del que el Gobierno argumentó que había presuntas irregularidades para favorecer a Thomas.

En respuesta, TGS demandó al Estado por los daños y perjuicios de no entregarle un contrato por $ 599.000 millones y la compañía no se mostró abierta ante los intentos de conciliación en los que, de todos modos, no había ningún interés de la Cancillería de solucionar los líos extrajudicialmente.

De ahí que otras de las preguntas inconclusas más grandes de ese caso sea: ¿por qué la Cancillería alega que el proceso tenía vicios de corrupción si fue ella misma la que lanzó la licitación y modificó los pliegos de condiciones? y, si el canciller se dio cuenta de los supuestos favorecimientos a Thomas, ¿por qué se tardó tanto en tomar acciones?

Tres de las primeras preguntas del derecho de petición son claves porque demuestran que la responsabilidad del caos en esta licitación depende única y exclusivamente del Gobierno.

En ese documento oficial, Leyva reconoce que la licitación pública para la elaboración de pasaportes 001 de 2023 se inició mientras él ya era ministro de Relaciones Exteriores. Igualmente corroboró que él estuvo al tanto de todo el proceso y de los cambios en los pliegos de condiciones que pretendían eliminar favorecimientos y condiciones injustas.

Asimismo, en el cuestionario el Canciller reconoció que fue informado a tiempo sobre las observaciones de posibles irregularidades. En julio de 2022, El Colombiano dio a conocer que Leyva había tenido una reunión con pesos pesados de esa licitación en la que se dijo que Thomas tenía una “licitación de bolsillo” y que no había manera de competir contra ellos.

Sin embargo, el canciller decidió esperar hasta septiembre para declarar desierta la licitación, demora que dio pie a la compañía Thomas para entablar la demanda en contra de la Nación, ya que en ese momento ya había alcanzado la máxima puntuación y era el único oferente dispuesto a asumir el contrato.

Frente a lo anterior Leyva se limitó a responder que hizo los cambios que le correspondían. Y sí, los hizo, “pero con presuntas fallas que pusieron a la Nación en riesgo de pagar una demanda de $ 117.000 millones.

Los otros dos interrogantes que Leyva respondió hasta con cierto tono de enojo tienen que ver con su hijo y con el exfiscal Juan Carlos Losada Perdomo.

En una de las preguntas sobre si él tenía conocimiento de las reuniones de Jorge Leyva con los directos implicados de la licitación, el canciller respondió que “no sabe” con quién se reúne su hijo pero que, como cualquier ciudadano, “él tiene el derecho de reunirse con quién el quiera mientras no viola la Ley”.

Sin embargo, para la congresista Perlaza esos encuentros podrían constituir un posible conflicto de intereses. “El hijo del canciller tiene negocios en el sector que ahora dirige su padre como canciller. Y Jorge Leyva no se reunió con cualquier funcionario, sino con Juan Carlos Losada Perdomo, quien era el delegado para conciliar o no con Thomas. Ellos no tenían por qué estar reunidos”, señaló.

Precisamente, sobre Sobre ese mismo funcionario recae el último de los cuestionamientos, pues . Losada Perdomo fue nombrado como director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, gracias a su amistad con Jorge Leyva, aún sabiendo que no es un experto en derecho internacional.

Leyva no pudo explicar si es verdad que Losada lo favoreció a él cuando era fiscal cerrando un caso en su contra por injuria y calumnia. De hecho, W Radio demostró que Jorge Leyva había dicho tener una amistad con Juan Carlos Losada por lo menos desde hace 20 años, épocas en que, justamente, el entonces fiscal tuvo que juzgar al hoy canciller.

Sobre todo esto, el Canciller respondió de forma imprecisa diciendo que Juan Carlos Losada está ampliamente preparado para el cargo y que “tiene entendido” que su hijo conoció al entonces fiscal luego de que se cerrara su situación judicial.

Y miestras se esclarece toda esta situación, la Cancillería confirmó hace algunos días que las nuevas tarifas para expedir pasaportes en el 2024 es de $206.000 para el pasaporte ordinario y $ 314.497, para el ejecutivo.