Señalan que la alcaldía de Bogotá cedería suelo público a constructoras privadas mediante el esquema de renovación urbana de TransMilenio.

La Alcaldía Mayor de Bogotá presentó el 25 de noviembre de 2025 un modelo de desarrollo urbano que articula la política de vivienda con la infraestructura del transporte público. La propuesta, liderada por TransMilenio S.A. y la Secretaría Distrital de Hábitat, fue expuesta por el alcalde Carlos Fernando Galán en la estación intermedia de la avenida Primero de Mayo.

Allí se anunció el inicio de los llamados Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (Prums), con los que el Distrito busca orientar el crecimiento de la ciudad hacia zonas cercanas al sistema masivo y, a futuro, al Metro.

Tras el anuncio, la concejala del Pacto Histórico, Heidy Sánchez, denunció que este esquema estaría facilitando que terrenos públicos estratégicos, adquiridos o expropiados para el transporte, sean destinados a proyectos inmobiliarios desarrollados por constructoras privadas.

Según la cabildante, en Bogotá existen cerca de 18.000 hogares sin vivienda, mientras estos predios, ubicados en zonas con alta conectividad, estarían cambiando su uso para entrar en procesos de renovación urbana. Explicó que, bajo esta figura, TransMilenio participa aportando la tierra y recibe una retribución proporcional, pero el mayor beneficio económico recaería en las empresas privadas que ejecuten los proyectos.

El caso que citó como ejemplo es el Prums de la Primera de Mayo, delimitado mediante la Resolución 407 del 20 de noviembre de 2025. Este polígono abarca 12.594 metros cuadrados de espacio público vinculados a la estación intermedia de la avenida Primero de Mayo con carrera 10. La resolución permitió modificar el uso del suelo para habilitar proyectos inmobiliarios.

El 21 de noviembre, el Distrito abrió convocatoria para que empresas presentaran propuestas de adquisición o desarrollo sobre estos terrenos. De acuerdo con las cifras expuestas por la concejala, allí podrían construirse cerca de 25.000 metros cuadrados, equivalentes a unos 470 apartamentos de 40 metros cuadrados. Mientras el avalúo catastral del predio ronda los $5.673 millones, el desarrollo inmobiliario podría representar alrededor de $100.000 millones para la constructora seleccionada.

Sánchez advirtió que, aunque parte de las unidades podrían destinarse a vivienda de interés social, no existiría una priorización real para hogares con ingresos entre cero y un salario mínimo. Anunció que este tema será llevado a debate de control político el lunes 13 de abril.

La concejala también cuestionó el destino de los recursos que recibiría TransMilenio por la cesión del suelo, estimados en cerca de $20.000 millones. Según indicó, estos dineros se dirigirían al Fondo de Estabilización Tarifaria del Sistema Integrado de Transporte Público.

En ese contexto, señaló que, pese al aumento del pasaje a $3.550 y a la asignación presupuestal de $3,2 billones para 2026, aún faltarían recursos para cubrir la rentabilidad pactada con los operadores privados. A su juicio, se estaría utilizando patrimonio público para sostener ese esquema.

Finalmente, la cabildante afirmó que este modelo, contemplado dentro del plan de desarrollo distrital, podría replicarse en otros predios asociados a obras como la Primera Línea del Metro, y pidió claridad sobre quiénes serían los beneficiarios finales de esos terrenos.