Reforma a la salud: polémica ponencia alternativa entregaría $60 billones a EPS cuestionadas

El debate sobre la reforma al sistema de salud colombiano volvió a encenderse tras la radicación de la llamada ponencia alternativa, que, según el Ministerio de Salud, representa un retroceso para la garantía del derecho fundamental a la salud.

De acuerdo con la cartera, esta propuesta destinaría más de 60 billones de pesos de los impuestos de los ciudadanos a las EPS, entidades que han sido cuestionadas por su insolvencia financiera y sus millonarias deudas con hospitales, clínicas y proveedores.

La advertencia del Gobierno apunta a que la ponencia mantiene la intermediación financiera de las EPS y les otorga un manejo discrecional de los recursos, en contravía de los objetivos de la reforma original que había sido aprobada en dos ocasiones por la Cámara de Representantes.

Además, se asegura que la propuesta convierte la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en un instrumento para fortalecer el patrimonio privado, en lugar de financiar directamente los servicios y tecnologías en salud incluidos en el Plan de Beneficios.

Otro de los puntos más criticados es que la validación del cálculo de la UPC recaería en una universidad extranjera, lo que, según el Ministerio, significa ceder la autonomía del país en la definición de costos fundamentales para el sistema.

También se advierte que la ponencia privilegia a EPS insolventes, premiándolas con el pago de sus deudas a través de impuestos como el IVA social y un punto del PIB, comprometiendo el financiamiento de la atención primaria y el fortalecimiento de la red hospitalaria pública.

El documento también plantea que la ADRES deberá registrar los pasivos de las EPS sin auditoría previa, obligando al Ministerio de Hacienda a responder por cualquier exceso de gasto en un plazo de 30 días. Para el Gobierno, esto representa una “chequera ilimitada” a favor de entidades privadas que ya han demostrado fallas estructurales en su gestión.

Las críticas se extienden al terreno laboral, pues la ponencia desconoce el régimen especial aprobado para los trabajadores de la salud, perpetuando condiciones de precariedad y tercerización. Asimismo, elimina los recursos destinados al pago de la maternidad para mujeres no cotizantes, lo que dejaría desprotegidas a más de 300 mil madres en situación de vulnerabilidad y a sus recién nacidos.

Finalmente, el Ministerio de Salud subraya que la propuesta desconoce la autonomía territorial y reduce la planeación en salud, debilitando la capacidad de los departamentos y municipios para organizar sus propias redes de atención.

La eliminación de las unidades zonales y la concentración de poder en las EPS podrían perpetuar un modelo que privilegia el negocio sobre el bienestar de los pacientes.

“El país necesita una reforma que ponga en el centro la vida de las personas y asegure un uso transparente de los recursos, no una que blinde a las EPS con fondos públicos”, advirtió la entidad, reiterando que seguirá insistiendo en un modelo que fortalezca la atención primaria y garantice el derecho fundamental a la salud.