Procuraduría solicitó intervención urgente ante graves problemáticas humanitarias en Chocó

Aunque en más de 50 comunidades sobre la región de los ríos Sipí y San Juan persiste el miedo por nuevas acciones violentas, la guerrilla del ELN anunció el pasado 13 de julio el fin del paro armado para esta zona en medio de intensas confrontaciones que ha sostenido por el control del territorio con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el mismo Ejército Nacional que ha buscado recuperar la seguridad.

Tras la llegada de este anuncio y la visita en los últimos días de funcionarios de diferentes entidades a la región, entre ellas la Procuraduría General, precisamente esta elevó un requerimiento al alcalde del municipio de Bajo Baudó, al alcalde de Bajo Baudó, Hermenegildo González Ibargüen, para que informe las medidas adoptadas para brindar atención humanitaria a las comunidades desplazadas desde la zona rural hasta la cabecera urbana por cuenta de las recientes confrontaciones.

El ente de control detalló además que la delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz solicitó además precisar cuál es el presupuesto con el que cuenta la administración para la atención de esas familias y cuánto de esos recursos se ha ejecutado entre 2022 y lo que va corrido de este año.

En cuanto a las realidades de esta población, la Procuraduría también pidió información sobre el avance en el proceso de retorno a los lugares de los que estas poblaciones salieron en relación con planes y acciones desarrolladas para garantizar la duración y efectividad de quienes ya han tomado la decisión de volver a sus casas.

Y es que la situación en materia social en el departamento de Chocó sigue siendo crítica y tiene varios frentes, pues además de que recientemente la Personería de Medellín reveló que es Quibdó la zona del país desde donde llegan más desplazados a la capital antioqueña, se ha sumado un nuevo llamado de atención a las autoridades frente a cerca de mil indígenas que esperan ser reubicados.

La Procuraduría encontró que más de 650 familias que permanecen desplazadas en 12 asentamientos en Quibdó, no están siendo atendidas por las entidades del Estado, de acuerdo con el enfoque diferencial que la ley, pero además las órdenes plasmadas en el fallo de tutela para reubicarlos en sus territorios ancestrales, según la ente, no se están cumpliendo.

Tras una visita a los asentamientos Las Palmas y Baudata, en zona rural de la capital chocoana, la Procuraduría evidenció que esta población experimenta críticas condiciones de acceso derechos como la salud y la vivienda. En estos lugares no hay vías de acceso adecuadas y las casas son artesanales, con techos de plástico y sin paredes.

“Entre los casos expuestos por los líderes indígenas estuvo el de un niño mordido por una serpiente, que hasta el momento no ha recibido atención médica y ha sobrevivido gracias a la medicina ancestral indígena”, aseguró en un comunicado la Procuraduría.

En un mes y medio de confrontaciones entre grupos armados más de 9.000 habitantes de localidades como Nóvita, Sipí, Itsmina y Medio San Juan, han tenido que desplazarse por temor a sufrir la misma suerte de personas como José Florencio Hurtado, un hombre asesinado por las AGC en medio de un hecho sicarial en el que su hijo menor de edad resutó herido el pasado 2 de julio.

La intensidad en las confrontaciones y el control territorial impuestos por las estructuras armadas es tal que incluso la Defensoría del Pueblo denunció el impedimento de comisiones humanitarias para llegar hasta las zonas afectadas.

En uno de los casos más recientes los disparos ahuyentaron a una caravana de 20 lanchas que se dirigían hacia las comunidades de Chambacú y Noanamá donde se albergan decenas de familias desplazadas.

“La paz se construye con gestos reales de paz, no poniendo en peligro la integridad y vida de las personas, ni vulnerando sus demás derechos”, expresó sobre estos hechos el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.