Procuraduría pidió al Gobierno Nacional tomar medidas para responder a las necesidades en El Cauca

Tras la instalación de la Mesa de Diálogo Social ‘Unidad Sur del Cauca’ que se llevó a cabo en Popayán, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las entidades del Gobierno nacional y a las organizaciones sociales hacer un esfuerzo conjunto con el fin de colocar los recursos disponibles y poner como prioridad a las acciones que aporten a las necesidades urgentes del departamento.

Por este motivo, la delegada para la gestión de Gobernanza Territorial pidió enfáticamente al Gobierno que esta no se convierta en una mesa más, sino que el espacio sirva para generar planes con resultados concretos y que impacten de manera positiva a las comunidades en el sur de Colombia.

Además, indicó que se deben evitar los bloqueos que permanentemente afectan la movilidad de la población, generando soluciones sostenibles a los problemas estructurales que viven las personas en el departamento.

En este espacio de la Procuraduría aprovechó para condenar y lamentar el asesinato del líder social José Erlery Velasco, un defensor campesino del municipio de Balboa, Cauca, quien integró la Asociación Campesina ASCATBAL y la organización Unidad Sur del Cauca.

Además, “fue candidato a la Alcaldía de Balboa en las pasadas elecciones y, desde la Unidad Sur del Cauca, participó en una mesa de negociación con el Gobierno Nacional y la Gobernación del Cauca, orientada a impulsar proyectos para el desarrollo del sur del departamento. Entre sus principales banderas se destacaban la defensa del río Patía y la movilización social para exigir mejoras en la vía El Mango”, se indicó desde el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

El líder fue asesinado en la vereda La Esperanza, de Balboa, cuando hacía labores relacionadas con la agricultura. Hasta el lugar llegaron miembros de un grupo armado quienes lo atacaron con armas de fuego, asesinándolo en el acto.

El ente de control también rechazó los ataques terroristas que los grupos armados al margen de la ley han utilizado para fortalecer sus economías ilegales afectando a la población civil y a uniformados que cumplen su deber en el suroccidente colombiano.

Por último, la Procuraduría sostuvo que es garante del diálogo y busca hacer cumplir los acuerdos acompañando el proceso con responsabilidad institucional.

Cabe destacar que en lo corrido de 2025 han sido asesinados 105 líderes sociales en Colombia, una situación que preocupa a las autoridades. La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana AT 047/20 para líderes, lideresas y defensores de DD. HH. en las cuales señala el escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social.