Procurador para Restitución de Tierras en Colombia habla sobre las víctimas

Germán Robles, procurador delegado para la restitución de tierras, habla del papel de la nueva dependencia. Dice que la preocupación de los despojados es la seguridad.

Hace dos meses se configuró en la Procuraduría General de la Nación un despacho delegado que tiene como objeto hacer el acompañamiento en los estrados judiciales a los procesos de restitución de tierras, como ordena la Ley de Víctimas, que empezó a operar hace dos meses. Encabezada por el abogado Germán Robles, la Procuraduría empieza a adecuar los elementos necesarios para esa tarea. Hasta hoy se han presentado dos demandas de restablecimiento, ambas en zonas de complicado orden público: el Carmen de Bolívar.¿Por qué se crea la Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras?La crea la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) donde le impone unas facultades para intervenir en procesos judiciales de restitución de tierras tanto en juzgados civiles como en las salas civiles de los Tribunales Superiores. Pero también hay otras instancias en donde la Procuraduría va a participar como los Comités Operativos Locales de Restitución que son a nivel local y están conformados por la Unidad de Víctimas y los representantes del Ministerio de Defensa Nacional.¿Qué regiones prioriza la Procuraduría para procesos de restitución?Tenemos priorizada la Costa Atlántica, el Carmen de Bolívar especialmente donde ya se han presentado dos demandas de restitución de tierras. Esperamos que la próxima semana se presente otra más ante juzgados en Sincelejo. Está pendiente que antes de terminar este mes se radiquen otras en Santa Marta y en Montería.¿De qué casos estamos hablando?Son casos bien complejos. En el Carmen de Bolívar, Mampuján, un tema bien reconocido en la costa. Está el de Chivolo. Por esa complejidad es que se han demorado por parte de la Unidad que es la que presenta las demandas.¿Cómo es ese proceso?La demanda la puede presentar tanto el afectado como la Unidad de Tierras. Antes hay un trámite previo que es la inscripción y registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente que es un requisito. La Unidad hace una análisis de la solicitud y determina si ese predio va a quedar inscrito en el registro. Una vez esto se logre, la Unidad actúa a nombre del demandante y ahí se le da traslado al Ministerio Público, luego empezamos a trabajar como un representante de la sociedad.¿Esos procesos se prevén muy largos?La ley es muy expedita, se espera que sean cuatro meses. Pero la realidad la vamos a ver cuando empiecen a llegar las solicitudes en los juzgados. El proceso contempla que existan opositores, que una persona diga que tiene como soportar que ese predio era suyo y que nunca hubo despojo.¿Cuántas solicitudes hay?La información que tenemos de la Unidad de Tierras es que ya van 16.000 solicitudes y ellos están haciendo ese trámite previo para saber cuáles realmente van a poder llegar (a estrados). La información que tenemos es que a final de este mes viene un proceso grande de presentación de demandas.En estos casos probablemente no habrá escrituras, ni registros…Esa es una de las denuncias que se ha hecho, que muchos de éstos despojos y abandonos de tierras fueron acompañados de destrucción de todo el material probatorio que serviría para estos procesos. Incluso, la incineración de las sedes donde se encontraba archivada la documentación, eso va a dificultar un poco el proceso. Pero la Superintendencia de Notariado y Registro viene trabajando duro también, hay un sistema de información.Las zonas que usted mencionó son complicadas en materia de orden público, ¿qué medidas se están tomando para que el proceso sea efectivo?En los Comités Operativos Locales de Restitución se hace un análisis de seguridad de la zona con los informes de inteligencia del Ministerio de Defensa y se estudia la posibilidad de continuar con el proceso. Existe una figura que es la microfocalización del predio, que es determinar qué predio se va a llevar ante los jueces que implica que existen unas condiciones de seguridad para llevar a cabo el proceso. Nosotros hacemos una función de vigilancia.¿Qué pasa si se determina que las condiciones de seguridad sobre un predio no permiten hacer el proceso teniendo en cuenta que las víctimas quieren el predio del que fueron sacadas y no otro?Se debe suspender el proceso por 30 días hasta tanto la Fuerza Pública tome las precauciones necesarias y establezca protocolos de seguridad para poder microfocalizar el predio y que sea ese la base para iniciar ese proceso judicial.¿Han tenido que suspender alguno?Sí. En Villavicencio se suspendió uno que ya se va a reactivar nuevamente. La idea es que si no hay condiciones, la Fuerza Pública haga operativos y protocolos y en 30 días se dé respuesta.¿Cuál es el mayor riesgo que hay para los reclamantes de tierras?La preocupación de las víctimas es la seguridad. Ya se ha brindado seguridad a los líderes de restitución de tierras, pero se tiene un registro de tres líderes asesinados y hay varios protegidos. La idea es que líderes que soliciten seguridad, su trámite sea prioritario.Y está el temor del llamado ejército ‘anti-restitución’…Ya el Gobierno Nacional ofreció una recompensa por sus líderes. Pero a la par de la seguridad de las víctimas también está la de jueces y magistrados. La preocupación es grande en el país. Ellos están en zonas de Apartadó, Caucasia, Carmen de Bolívar.¿Qué preocupación tienen los jueces?No tienen estudios de seguridad y nos comprometimos a que en un mes vamos a tener eso solucionado. Acudimos a la Unidad de Protección, vamos a acudir al Ministerio de Defensa y a la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura para que se articule la forma para que en breve se haga el estudio de seguridad.¿Los jueces ya están en esas regiones o están en Bogotá?Ya está cada uno en su región. Hay 22 jueces y están ya en implementación y evidenciaron esa preocupación y nos comprometimos con ellos.¿Estamos hablando de amenazas o de temor a llegar a zonas complicadas de orden público?Hasta la fecha no han reportado amenazas más allá de comentarios pero saben, por la información que tienen en sus regiones, que pueden estar en un alto riesgo. Eso lo va a determinar la Unidad de Protección.Aunque la tarea es de acompañamiento judicial, la existencia de la Procuraduría delegada seguramente hará que la gente acuda a ella para cualquier tema de la restitución. ¿Qué otro tipo de ayuda brindará?A todas las personas que acuden a la Procuraduría, presentando su solicitud de restitución, se da inmediato traslado a la Unidad. Si es tema de protección, hacemos traslado al órgano competente y hacemos seguimiento.¿Cuánto personal tienen para hacer este acompañamiento teniendo en cuenta que todavía no hay siquiera 20 jueces de tierras?Por decreto se crean 100 funcionarios judiciales, 35 asesores y 75 sustanciadores además de los dos procuradores delegados. Hoy, la de Víctimas está funcionando con la delegada para los Derechos Humanos y cuenta con 11 procuradores judiciales en el país, un asesor y dos profesionales, la idea es ir nombrando personal en la medida que se necesite.Hay mucha expectativa en torno a la restitución. Es un reto grande...Mucha. El reto que tenemos es no quedarles mal a las víctimas, realmente a ellas las identificamos como las más vulnerables al momento de acudir y por eso el Estado tiene que garantizarles sus derechos. Es muy valiente toda la gente que está haciendo esto.