Preocupante: aumenta el reclutamiento forzado de menores por grupos armados; así lo advirtió la Procuraduría

Por medio de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la Nación advirtió sobre las alarmantes cifras de menores que son reclutados por grupos al margen de la ley en el país.

Este llamado de atención se da en el marco de la visita de la procuradora, Margarita Cabello, al departamento de Caquetá. Siendo así, el ente de control confirmó la grave situación de riesgo a la que están expuestos los niños, niñas y adolescentes, en varios de sus municipios.

“Conforme al Boletín Estadístico de la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre el 1º de enero al 9 de octubre de 2023, a nivel nacional se han atendido 134 menores de edad en el programa especial para desvinculados, de los cuales 11 fueron en el departamento de Caquetá: Florencia (4), San Vicente (1), Puerto Rico (2), Solano (3), Solita (1)”, dice el informe.

Según demostró el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Vaupés, Meta, Norte de Santander, Nariño, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Guaviare, Vichada, Guainía y Valle del Cauca se presentan los mayores riesgos de reclutamiento.

Según la misma fuente, entre 1999 y octubre de 2023, 7.455 niños, niñas y adolescentes ingresaron al programa de atención especializada para menores desvinculados de grupos armados. Estas cifras podrían ser más altas debido al alto subregistro de casos por miedo a denunciar y fenómenos de desplazamiento, según el Ministerio Público.

Por último, desde la Procuraduría se le hizo un llamado al gobierno central para que tome cartas en el asunto.

“Se debe materializar la política pública de prevención de reclutamiento, así como en la premura de contar con bases de datos que logren la identificación de la totalidad menores de edad que han sido reclutados, desvinculados e ingresados a los distintos programas del ICBF”, dice la procuraduría.

“Esto permitiría desarrollar e implementar acciones urgentes eficientes para la prevención temprana y de protección, que logren disminuir los factores de riesgo, transformar los entornos de protección y la reducción de todas las formas de violencia” finalizan en el documento.

Residencias escolares, posible solución para evitar el reclutamiento forzado

La Procuraduría General hizo un llamado urgente al Ministerio de Educación Nacional para que reglamente, lo más pronto posible, las residencias escolares, una estrategia que busca dar acceso, bienestar y permanencia a niños, niñas y adolescentes de zonas rurales de compleja movilidad y con ausencia de oferta educativa.

Después de presentar una solicitud formal a la cartera de educación y recibir una respuesta que indicaba “problemas administrativos”, la Regional Guaviare solicitó que esta estrategia sea permanente y se implemente lo antes posible, ya que se está violando el derecho a la educación.

De esta manera, de acuerdo con la Procuraduría, en muchos lugares de Colombia, donde la presencia institucional es limitada y hay grupos organizados al margen de la ley, los retrasos en los procesos ponen en peligro a los niños, niñas y adolescentes de ser reclutados forzadamente y utilizados como actores armados debido a la falta de presencia institucional.

Se enfatizó la labor de los líderes y maestros de las escuelas rurales afectadas por los eventos administrativos y la suspensión de aproximadamente dos meses en la continuidad de la residencia escolar.

Estos profesionales tomaron medidas oportunas para evitar una mayor deserción del programa educativo y reducir los riesgos de ser contratados por grupos ilegales en el departamento del Guaviare.

Finalmente, la procuraduría hizo un llamado a tomar medidas rápidas para prevenir la repetición de este tipo de situaciones y proteger la integridad y los deseos de las juventudes de transformar sus territorios a través del acceso a una educación de alta calidad.