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Por fallo de La Haya, San Andrés y Providencia llevan tres años a la ‘deriva’

Los habitantes de las islas padecen cada día los efectos del fallo que le quitó al país 75 mil kilómetros de mar en el Caribe en noviembre de 2012.

20 de noviembre de 2015 Por: Redacción de El País

Los habitantes de las islas padecen cada día los efectos del fallo que le quitó al país 75 mil kilómetros de mar en el Caribe en noviembre de 2012.

Hace menos de un mes el presidente Juan Manuel Santos estuvo de visita en  San Andrés. Dijo que iba una y otra vez porque amaba esa región del país y aseguró que “ningún Gobierno en la historia de Colombia había invertido tantos recursos” en la isla.

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Pero para los sanandresanos nada es suficiente desde el 19 de noviembre de 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya le entregó 75 mil kilómetros de sus aguas a Nicaragua para zanjar un pleito limítrofe entre las dos naciones.

Hoy los pescadores tradicionales se sienten más afectados que nunca.

Antes del fallo, las embarcaciones industriales y artesanales partían en las primeras horas de la mañana para atracar en los bancos de pesca de San Andrés y Providencia. Entonces, mariscos, pescados y caracoles llenaban las redes de los hombres que separaban una generosa ración para alimentar a su familia, vendiendo el resto en el mercado local.

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“Pero después de ese funesto 19 de noviembre, las grandes empresas pesqueras que estaban matriculadas en Colombia se vieron en la obligación de migrar hacia Nicaragua. Siguen pescando donde lo habían hecho durante décadas, pero ahora están afiliadas a ese país”, contó Silvia Montoya, secretaria de Agricultura y Pesca de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Según ella, la situación ha llevado a que los pescadores artesanales hayan visto diezmada su principal fuente de sustento. 

Muchos no se arriesgan a llevar sus embarcaciones hasta la nueva zona limítrofe por miedo a las autoridades nicaragüenses, así que prefieren explorar otros bancos de pesca dentro del territorio nacional.

“Hay un caso específico que fue reportado por una embarcación de Providencia. Ellos estuvieron en la zona y llegó una embarcación de Nicaragua y los abordó. La gente siente temor, miedo a que les quiten el producto, o que les digan que se tienen que ir y no pueden volver”, explicó la funcionaria.

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No obstante, aseguró que hasta el momento no han recibido reportes de actitudes agresivas por parte de las autoridades del país centroamericano.

Por su parte, Anthony Rojas, coordinador de Pesca de la Gobernación de San Andrés, sostuvo  que el problema con los pescadores artesanales es otro, ya que si bien a inicios de 2013 las lanchas temían transitar por las aguas que el fallo le arrebató a Colombia, en  el último año han vuelto a frecuentar los mismos bancos de pesca de antes.

“Hemos tenido problemas con la pesca por otros factores, y aunque aún estamos adelantando estudios que nos permitan demostrarlo, puedo decir que son factores naturales los que han afectado la producción pesquera artesanal  durante los últimos meses”, afirmó.

Según el funcionario, debido al fenómeno del Niño las aguas se calientan, lo que obliga a  los peces a buscar mayor profundidad. Además, el oleaje y las corrientes varían, haciendo difícil encontrarlos.

Pero también es evidente que la decisión de la Corte Internacional de Justicia ha afectado igualmente las actividades de pesca industrial en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

“Lastimosamente las embarcaciones que atracaban en Luna Verde reportan ahora a Nicaragua. Antes del fallo teníamos una producción de 150 toneladas de langosta al año y actualmente solo alcanzamos las 40 toneladas”, afirmó Rojas, quien añadió que esa situación se debe a las “permisivas leyes nicaragüenses” en temas de explotación pesquera.

El funcionario  indicó que, a mediados de 2013, el Gobierno del país centroamericano empezó a proponer beneficios a los pescadores de Luna Verde para que reportaran su producido en ese país.

Reducción en los impuestos y  eliminación de algunas restricciones en las prácticas de pesca fueron algunos de los incentivos que recibieron los pescadores industriales.

“El 100 % de las embarcaciones langosteras eras extranjeras. Muchas de ellas venían de Costa Rica, Honduras y hasta de Nicaragua. Al percibir que económicamente les podía ir mejor, y considerando la cercanía de ese país con sus respectivas tierras natales, se matricularon allá”, explicó.

2001 fue el año en que Nicaragua interpuso la demanda ante La Haya, reclamando más de 50.000 kilómetros. de mar.75.000 kilómetros de aguas colombianas fueron entregadas a Nicaragua mediante  el fallo  de noviembre de 2012.82 era el meridiano que establecía los límites entre Nicaragua y Colombia antes del fallo de La Haya.

Pero en Luna Verde no solo se pescaban langostas. Una gran variedad de peces, que hacen parte de la gastronomía autóctona de la región, también habita en esas aguas.

“Ahora debemos comer lo que haya. Nuestro pueblo está acostumbrado a alimentarse de los frutos del mar, pero ahora debemos conformarnos con granos y carne”, señaló Corine Duffis, líder comunitaria de los nativos raizales de San Andrés.

Según esta mujer de 74 años, antes de 2013  podía ir al mercado y comprar una libra de pescado rojo por $4000. Ahora, si corre con suerte, consigue la misma cantidad de un pescado de carne blanca en $8000.

“Primero nos arrebatan territorio, luego nuestro trabajo y sustento. Estamos al borde de una catástrofe”, dijo mientras se muestra en desacuerdo con las acciones emprendidas por el actual Gobierno. 

“El pueblo raizal estaría mucho mejor, pero las inversiones que uno oye son solo en papel”, aseguró la sanandresana.

Lo que dijo el fallo

La sentencia de la Corte de la Haya confirmó la soberanía de Colombia sobre la islas de Alburquerque, Bajo Nuevo, Sureste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla.

También declaró  admisible la petición de Nicaragua en orden a que la Corte decidiera la forma apropiada de delimitación marítima, en el marco geográfico y jurídico constituido por las costas continentales de Nicaragua y Colombia. 

En consecuencia,  Nicaragua pasó a tener fronteras oceánicas en el Caribe con Jamaica y Panamá, países con los cuales deberá acordar su frontera marítima.

Conforme al  Derecho internacional, el fallo es obligatorio para las partes, habiendo quedado sometidas a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.

Fallo en favor de Nicaragua ya se está aplicando

Aunque el Gobierno Nacional aseguró que no acataría el fallo de la Corte Internacional de Justicia que le entregó una inmensa porción de mar de San Andrés Islas a Nicaragua, tres años después dos expertos consultados por El País coinciden en que “el fallo se ha aplicado solo”.

Discrepan en qué tanto puede afectar la “pasividad” del Estado  en las disputas territoriales actuales con el país centroamericano. Vicente Torrijos, analista internacional, dice que en la práctica el Gobierno  sí ha acatado el fallo porque  no ha habido  ninguna restricción por parte de Colombia para con las autoridades nicaragüenses. Es decir que, aunque formalmente no se haya expresado que “se acoge plenamente la sentencia, hay un entendimiento tan absolutamente evidente que  ni siquiera hay queja por parte del Gobierno de Nicaragua”. Comentó que el Gobierno maneja un doble discurso: “el patriótico, para que  el ciudadano crea que la soberanía se mantiene intacta, y, por otra parte, hay total pasividad para que Nicaragua desarrolle sus actividades en completa armonía”. A su juicio, la situación  puede resultar contraproducente  de cara al pleito  por la plataforma continental extendida que podría ampliar el control territorial para los centroamericanos de una manera “dramática”, porque terminaría muy cerca de las costas de Cartagena. Rafael Nieto-Navia, abogado y exdiplomático, dijo que el fallo se ha ejecutado automáticamente porque el Gobierno colombiano “no ha pretendido de ninguna manera salirse de la decisión de la Corte”.Recordó que actualmente hay dos demandas ante el alto tribunal: una por supuesto incumplimiento del fallo y otro por la disputa de la plataforma continental extendida. 

Explicó que el proceso apenas avanza en sesiones preliminares, donde el Gobierno ha dicho que esta última decisión no es competencia de la Corte, porque ya Colombia no hace parte del Pacto de Bogotá.

“No sabemos qué dicen las respuestas a la demanda de Nicaragua, simplemente porque no se conocen.

De manera que no podemos decir que se está entregando nada. Sí hay una cosa que es verdad, y es que en el caso de la demanda de  plataforma continental extendida la decisión se basa en la aplicación de la Convención de Jamaica y el Derecho del Mar, pero Colombia ya no está en él”, precisó.

Por su parte, Carlos Gustavo Arrieta, agente internacional de Colombia ante la Corte, señaló que confía en que este tribunal falle en derecho y le dé la razón al país.

“La Corte no tiene jurisdicción sobre estos temas, así lo planteó Colombia y estamos pendientes que hacia mediados del año entrante defina si tiene o no competencia. Consideramos que si decide en derecho, debería darle razón a Colombia y entender que no tiene jurisdicción para conocer estos casos”, sostuvo Arrieta.

Agregó que, pese a las dos demandas que existen actualmente,  los argumentos que se están esgrimiendo son “bastante sólidos y las probabilidades de que se falle en contra de los intereses del país son muy pocas”.

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