Piden investigar al Defensor del Pueblo por presuntas irregularidades en contratación

El senador Iván Cepeda le solicitó a la Procuraduría investigar a Carlos Camargo, defensor del Pueblo, por presuntas irregularidades en el nombramiento de 15 personas en cargos directivos. El parlamentario del Polo Democrático argumentó que estos no cumplirían con los requisitos para desempeñarse como defensores regionales y delegados.

La queja disciplinaria fue presentada este lunes y detalla que, contrario a las necesidades de la entidad que debe velar por la protección de los Derechos Humanos, algunos de estos funcionarios estuvieron vinculados a escándalos por paramilitarismo y corrupción.

Además, algunos han sido denunciados por maltrato físico, psicológico y por acoso laboral y otros, pese a que el cargo que ocupan se los impide, continúan haciendo activismo político por el Centro Democrático.

Lea además: 40 nombres suenan para la Presidencia, ¿por qué esta 'avalancha' de precandidatos?

"El Defensor del Pueblo ha nombrado como defensores regionales y delegados a personas que no contarían con la experiencia acreditada ni los conocimientos suficientes para el ejercicio de sus funciones, pero que, por el contrario, sí tienen claras afiliaciones políticas con los partidos que lo ayudaron en su elección", señaló Cepeda.

Según el congresista, Camargo ha politizado la entidad y por esta razón, pidió a la Procuraduría que investigue si en estos casos primó la filiación de los aspirantes, por encima de lo que exige la ley y los reglamentos en materia de nombramientos.

Además, Cepeda presentó una denuncia en la Contraloría en la que cuestiona la suscripción de 11 contratos directos de prestación de servicios sin el debido cumplimiento de los requisitos de ley. El valor total de estos supera los $243 millones.

"Solicité a la Contraloría ejercer vigilancia a la gestión fiscal de la Defensoría del Pueblo a través de un proceso auditor, que determine si existieron irregularidades que pudieron implicar un daño a la gestión fiscal y al patrimonio del Estado", agregó.

Además de las denuncias del senador, funcionarios de la entidad señalan con preocupación que, al interior de la Defensoría del Pueblo, se instaló una oficina de enlace de las Fuerzas Militares con presencia permanente de miembros del Ejército.

Consideran la situación una amenaza a su autonomía e independencia, y un mecanismo de coacción para quienes documentan situaciones de vulneración de derechos humanos que involucren a miembros de las instituciones.

¿A quién podrían investigar y por qué?

Entre algunos de los contratos a investigar por la Contraloría se encuentran los suscritos con Jorge Arturo Moncada Rojas; yerno de Alejandro Ordoñez quien funge como embajador de Colombia ante la OEA; Miller Jesús Soto Solano, precandidato a la Gobernación de La Guajira por el Centro Democrático y cuestionado por unas afirmaciones estigmatizantes contra líderes sociales; Eduardo Carmelo Padilla, excandidato a la Gobernación de Córdoba y presuntamente involucrado en el desfalco del 'cartel de la salud' en Córdoba.

También se investigaría la contratación con Cielo González Villa, exalcaldesa de Neiva y exgobernadora de Huila sancionada por la Procuraduría General por el manejo irregular de $3.500 millones de regalías petroleras mientras administró la capital del departamento (2004-2007) y cuyo esposo, Germán Trujillo, fue condenado por haberse apropiado de multimillonarios recursos pertenecientes al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento de Santander.

De otra parte, entre estas quince personas se encuentra José Augusto Rendón García, Defensor Regional en Urabá.

En el caso de Rendón, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han señalado que ha representado y asesorado a empresarios de la región que figuran como compradores masivos de tierra en medio de la oleada paramilitar. También ha sido fuerte crítico de la restitución de tierras y ha promovido que los reclamantes busquen acuerdos comerciales con los nuevos dueños de sus tierras.

Respecto de Wilson Alberto Núñez, Defensor Regional de Bogotá, dijo Cepeda que, además, de no contar con experiencia acreditada para el ejercicio de sus funciones, cinco de sus siete años de experiencia son como coordinador jurídico del Centro Democrático y pese a que fue nombrado el 22 de diciembre de 2020 en el cargo de Defensor Regional, continúa utilizando sus redes sociales para difundir mensajes de los congresistas de su partido político.

Andrés Felipe Villamizar Ortiz, exrepresentante a la Cámara Liberal, fue nombrado Defensor Delegado para los derechos económicos, sociales y culturales, a juicio del congresista, no cuenta con experiencia profesional o académica que acredite su conocimiento sobre los DESC.

Además, Villamizar fue denunciado en 2017 por su exesposa Verónica Pinto, quien lo acusa de maltrato físico y sicológico. Medicina Legal le otorgó una incapacidad de 10 días por “mecanismos traumáticos de lesión contundente abrasivo”.

Diana Margarita Silva Londoño Trabajó de febrero a junio de 2018 como contratista del Centro Democrático y en 2017 fue asesora política del exprecandidato uribista Rafael Nieto y miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del representante Samuel Hoyos. Recientemente se le criticó un encuentro privado que tuvo con el exjefe paramilitar 'Jorge 40' en la cárcel de Picaleña. Además, el pasado 7 de abril, 11 profesionales interpusieron en su contra una queja por acoso laboral representadas en conductas de irrespeto, amenazas, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo.

Ibeth Milagro Tobías Ahumada, Defensora Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria. Según la Silla Vacía, Ibeth Tobías hace parte de la estructura política liberal del excongresista Rodrigo Roncallo, investigado por parapolítica.

Lea además: 40 nombres suenan para la Presidencia, ¿por qué esta 'avalancha' de precandidatos?