Petro se defendió tras denuncia por muerte de menores en Guaviare: “Es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”

La Defensoría del Pueblo confirmó, la mañana de este sábado 15 de noviembre, que seis menores de edad murieron durante un bombardeo de las Fuerzas Militares en zona rural del Guaviare en una operación dirigida contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

El anuncio, hecho por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reavivó el debate sobre el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en medio de operaciones militares y puso en entredicho la versión inicial del Ministerio de Defensa, el cual sostuvo un día antes, que en el bombardeo no se registraron afectaciones a jóvenes y que la operación se había ejecutado bajo los protocolos militares establecidos.

En medio de estas versiones contrapuestas, el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente, hacia el mediodía de este mismo sábado, para lamentar la muerte de los menores, aunque defendió la decisión operativa tomada por las Fuerzas Militares.

A través de su cuenta de X, el mandatario explicó que el ataque se ordenó para evitar una tragedia mayor contra uniformados que, según la inteligencia militar, estaban a punto de ser emboscados, “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad”, escribió el presidente.

Sin embargo, sostuvo que permitir que los más de 150 hombres de la estructura de ‘Iván Mordisco’ avanzaran por la selva habría puesto en riesgo la vida de una patrulla compuesta por 20 soldados jóvenes que estaba a pocos kilómetros del punto donde se ejecutó la operación.

“Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados. Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, agregó. El mandatario insistió en que el país debe reconocer la complejidad de recuperar territorio dominado por grupos armados, “Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos”, concluyó en su mensaje.

Como se mencionó anteriormente, el pronunciamiento de Petro se produjo después del informe divulgado por la Defensoría del Pueblo, en el que se precisó que los seis menores fallecidos eran víctimas de reclutamiento forzado por parte de las disidencias, una práctica que constituye una grave infracción al DIH y un crimen de guerra según la normativa nacional e internacional.

La defensora Iris Marín recordó que, incluso en medio de combates, los niños y adolescentes reclutados mantienen una protección reforzada que obliga a adoptar precauciones estrictas en cualquier operación militar.

La institución enfatizó que la responsabilidad inicial de esta tragedia recae en los grupos armados que utilizan a los menores como escudos humanos, pero advirtió que ello no exime al Estado de cumplir con los principios de humanidad, proporcionalidad y precaución en cada operación.

Según indico la entidad, esta tragedia no es un hecho aislado, pues durante el último año, ha documentado múltiples vulneraciones al DIH, atribuidas a las disidencias en el Guaviare.