MinEducación expide decreto que permitiría entregar colegios públicos a privados, iglesias y organizaciones religiosas

El Gobierno Nacional publicó para comentarios un decreto con el cual busca implementar a nivel nacional el modelo de concesión de colegios públicos, que ya ha operado en Bogotá. La norma permitiría a particulares, así como a organizaciones religiosas, administrar y operar colegios oficiales hasta por 12 años, rigiéndose por el régimen laboral privado.

La reforma modifica algunos artículos del Decreto 1075 de 2015 y establece las condiciones en las que los particulares pueden cumplir esta labor.

El operador de la institución deberá acreditar al menos 10 años de experiencia en administración o prestación del servicio educativo. Asimismo, autoriza a iglesias y a organizaciones religiosas con trayectoria en el campo educativo a desarrollar estrategias pedagógicas en establecimientos de educación pública.

En ese sentido, la entidad territorial se encargaría de aportar la infraestructura y el personal de los profesores, directivos y administrativos con los que tenga disponibles. Mientras que a las organizaciones religiosas les corresponde suministrar aquellos componentes que la entidad territorial no pueda suministrar.

Adicionalmente, la organización religiosa o la iglesia daría un apoyo pedagógico y administrativo con el objetivo de desarrollar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) o el Proyecto Educativo Comunitario (PEC). Los componentes serían parte de la canasta educativa contratada.

Sin embargo, en este proyecto las iglesias no administrarían a los colegios a través de esta figura, ya que está planeado que la administración general se contemple mediante otra modalidad para personas jurídicas públicas o privadas.

De otro lado, el Ministerio de Educación tiene entre sus planes considerar como excepcional la contratación de la prestación del servicio educativo. Por su parte, las entidades territoriales deberán demostrar que no cuentan con la capacidad suficiente para brindar atención a los estudiantes.

Críticas de la oposición

La iniciativa fue criticada por el expresidente Gustavo Petro, quien aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca implementar en la educación el mismo modelo privado que viene utilizando en el sistema de salud.

“Abelardo plantea por decreto, establecer el sistema de salud con intermediarios privados en el sistema de la educación pública. La consecuencia sería la misma: negociados y empobrecimiento de la educación. En vez de más estudiantes y profesores, el dinero se volvería ganancia particular de iglesias del evangelismo sionista y de la politiquería mafiosa”, señaló Petro.

Por su parte, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), se unió a las críticas, asegurando que este decreto es un claro caso de privatización del sector.

“Alertamos y rechazamos con total contundencia el proyecto que plantea modificación de varios artículos del Decreto 1075 de 2015. El proyecto incluye una serie de artículos que pretenden privatizar la educación pública, dirigir recursos públicos a operadores privados, facilitar la precarización de la contratación docente, entre muchos otros aspectos inconstitucionales”, concluyó.

*Con información de Colprensa y redacción de El País