Médicos, incómodos por decreto de llamado obligatorio para combatir el Covid-19

Un nuevo motivo de malestar tienen los profesionales de la salud en el país. A los riesgos que corren muchos de los que están en primera línea de batalla contra el Covid-19 por la falta de implementos adecuados y a las malas condiciones laborales en que trabajan otros, se suma ahora un requisito polémico: la convocatorias obligatorias para atender la emergencia sanitaria, 

Esto, luego que el Gobierno Nacional expidiera el decreto 538 del 12 de abril de 2020, en el que se expone un conjunto de medidas para afrontar la emergencia sanitaria por Covid-19, entre ellas invoca un “llamado obligatorio” al personal de salud para que esté listo a prestar sus servicios y refuerce la atención médica, entre otros mandatos. 

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“Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia del coronavirus Covid-19, todo el talento humano en salud en ejercicio o formación, estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios, para reforzar y apoyar a los prestadores de servicio de salud del país. El acatamiento a este llamado será obligatorio”, reza el artículo 9 de dicha disposición.

En este grupo se incluyó a aquellas personas que estén en ejercicio de sus labores, además de los graduados de los programas de educación en salud y programas de pregrado y posgrado de educación superior de salud; al igual que los estudiantes de programas de educación superior de este ramo que estén cursando el último año de su pregrado y estudiantes de posgrados.

La expedición de este decreto generó malestar entre ciertos sectores, pues la disposición se produjo mientras los médicos reclaman elementos de protección para poder desarrollar su trabajo sin que sea un riesgo, después que dos de ellos y el conductor de una ambulancia fallecieran el fin de semana a causa del Covid-19, tras estar cumpliendo sus funciones.
Al respecto, la Coalición por el Talento Humano en Salud, que agrupa a 35 asociaciones médicas del país, tachó de “norma inconsulta y autoritaria” la disposición del Gobierno Nacional e hizo un llamado al presidente Iván Duque a su revisión.

“El personal de salud está dispuesto a cumplir con su deber y cumplirle a la sociedad, pero ninguna norma nos puede obligar a actos temerarios y acciones suicidas frente a una pandemia que ya ha dejado miles de pérdidas humanas en el mundo, máxime cuando usted como presidente de la Nación no garantiza al personal de salud los EPP (equipos de protección personal)”, manifestó la Coalición.

La organización enfatizó que de la atención de casos de Covid-19 “se debe excluir al personal en formación, dado que no tiene acreditadas las competencias profesionales para hacer frente a la pandemia, y porque es una propuesta de voluntariado sin garantías”.

Para Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, es preocupante la determinación adoptada por el Gobierno Nacional porque estaría generándose un riesgo si no se les brindan condiciones de seguridad.

“Como médicos, no podemos ir a ninguna parte si no se nos garantiza la bioseguridad en todos los aspectos. Ese artículo del decreto debía contener que el Estado garantizará a los médicos su bioseguridad y eso no está”, dijo Isaza, quien añadió que el 80 % del personal médico del país está contratado “de manera irregular, inestable e informal”.

ciudad, indicó que en medio de la emergencia por Covid-19 se ha padecido la falta de implementos básicos para su protección. “A muchos nos ha tocado comprar tapabocas, guantes y alcohol porque hasta la semana pasada estaban escasos y necesitamos protegernos. No hay garantías para trabajar”.

De las carencias que está viviendo el personal de salud también es testigo Esteban Satizábal, un diseñador que por estos días se ha dedicado a fabricar caretas para encargados de atender casos de Covid-19. “A muchos médicos les faltan trajes de bioseguridad, las caretas, las polainas, que son cosas elementales para la labor que están haciendo”, afirmó Satizábal, quien ya ha entregado más de 2000 caretas.

Ante el inconformismo manifestado por los miembros del gremio de la salud, el ministro del ramo, Fernando Ruiz, indicó que “todos los médicos actuamos bajo un juramento por el cual nos obligamos a la atención de los pacientes. Ese es un tema inalienable y está ligado al mismo hecho de ser médico. Esta (la del decreto) es una medida específica para una situación excepcional en la que el sistema de salud esté colapsado”.

Ruiz añadió que en el país hay 1000 médicos intensivistas, que son los encargados de la primera línea de atención, los cuales serían insuficientes en caso de alcanzarse un pico elevado de casos a nivel nacional. “Tenemos casi 6000 de cuidado intensivo; si nosotros tenemos una tasa de contagio alto entre este grupo de profesionales (intensivistas), deberíamos poder reemplazarlos por otros médicos que puedan brindar la atención bajo capacitaciones especiales”, dijo el funcionario.

Cabe anotar que desde hace una semana 2500 profesionales de salud del departamento empezaron a capacitarse, a través de una plataforma virtual de Univalle, en la atención de la pandemia por Covid-19.

Luego del fallecimiento este fin de semana de dos médicos y el conductor de una ambulancia por Covid-19, la Contraloría General de la Nación solicitó que se garanticen los elementos de bioseguridad necesarios para la protección de los profesionales de la salud.

El ente de control aseguró que se está realizando una verificación por parte de los aseguradores y prestadores para la entrega de elementos como tapabocas N95, vestidos de bioseguridad, escudos faciales, gafas de seguridad, polainas, guantes y ropa quirúrgica.

En ese sentido, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, enfatizó en que este miércoles las Aseguradoras de Riesgos Laborales tendrán que entregar su plan de acción para cubrir la entrega de implementos de bioseguridad a todos los miembros de la red de salud, sin importar si están trabajando por contrato laboral o por prestación de servicios. “No hay excusas para brindar todos los elementos de protección a los trabajadores de la salud, el Gobierno ya giró $2.7 billones a las aseguradoras”, afirmó.

Entre tanto, Fasecolda aseguró que los últimos 15 días, las ARL han destinado $41.532 millones para la adquisición de 30 millones de elementos de protección personal para los trabajadores de la salud.

Este acto administrativo también advierte la inclusión del Covid-19 como enfermedad laboral directa en trabajadores del sector salud. Para esto se creó una compensación económica equivalente a siete días de salario mínimo legal diario ($228.816).

Asimismo, se autoriza a las IPS, previa autorización de las Secretarías de Salud, a adecuar temporalmente un lugar destinado a la prestación de servicios no habilitados y a ampliar su capacidad instalada.

El decreto también insta a las entidades de salud a implementar plataformas de telemedicina para los pacientes con Covid-19 y otros males.