"Se ha hecho una oposición más de odios que de argumentos": Marta Lucía Ramírez

Fortalecer medidas ya existentes en el país contra la corrupción, como la responsabilidad de las empresas y la extinción de dominio, y brindar más garantías para que se denuncie a los autores de esas acciones, son prioridades del proyecto de ley que el Gobierno de Iván Duque radicó hace algunos días ante el Congreso de la República con mensaje de urgencia.

Al frente de esa iniciativa, que ya está a la espera de que se le nombren los respectivos ponentes, está la vicepresidenta Marta Lucía Ramíez, quien confía en que oficialismo y oposición la apoyen.

“Estoy convencida de que esta debe ser la prioridad de la sociedad colombiana y también de que todos los congresistas lo acogerán, esto no puede tener color político, ellos saben que tenemos que quitarle el Estado de las manos a los corruptos”, sostiene la funcionaria, ya recuperada del Covid-19.

¿Qué diferencia este proyecto de la Consulta Anticorrupción votada hace dos años?
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Hay varias diferencias: forma y de fondo. Acá está todo el Estado comprometido en sacar adelante esto como una ley, acá no caben protagonismos ni los manejos individuales de un tema tan delicado para el país. Por eso, el Presidente de la República ejerció un gran liderazgo con la Comisión Nacional de Moralización para que estuvieran 25 entidades.

Entre ellas, Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría de Transparencia, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, el Presidente del Consejo de Estado, las superintendencias, la Dian, la Unidad para evitar el lavado de activos. Esto es una diferencia de forma muy importante, porque va a evitar que en el mañana estén poniendo zancadillas, como ha sucedido en el pasado e incluso en el propio Estado.

El proyecto tiene varios capítulos y uno de ellos es la protección a los testigos que denuncien los hechos de corrupción. ¿De qué trata?
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Lo que se busca es darle total protección, no solo sobre su persona sino sobre su puesto, hay gente que no denuncia por miedo a que tomen retaliaciones contra ellos. En esto hay una diferencia enorme con la Consulta. La ley da esa garantía a la persona que denuncia, si es empleado público, que no lo van a despedir, que no lo van a trasladar o terminar su contrato con pretextos de que ya no lo necesitan, que es lo que se ha visto en el pasado. Muy importante es que cuando se presente la denuncia no se dará a conocer quién fue la persona que la presentó, solo se dará en el desarrollo del proceso.

¿Qué alcance le dan al capítulo sobre la responsabilidad de las personas jurídicas?
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Lo esencial en la lucha internacional contra la corrupción se basa en que las personas jurídicas tengan responsabilidad. Si bien es cierto que no se puede meter a la persona jurídica a la cárcel, también es cierto que tan pronto hay una medida de carácter penal, un proceso penal o un principio de oportunidad contra alguno de los funcionarios de esa persona jurídica que fueron los determinadores del hecho de corrupción, inmediatamente las superintendencias respectivas podrán iniciar las investigaciones para identificar al interior de la empresa quiénes más tenían conocimiento y qué tanto los órganos propietarios se estaban prestando para los hechos corruptos.

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¿Pero habrá sanciones económicas?
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La ley también busca poner castigos a las personas jurídicas que consisten, por ejemplo, en multas de 200.000 salarios mínimos e incluso se les puede cancelar la personería jurídica de esa sociedad, se les prohíbe que puedan contratar con el Estado, porque esta es una manera de sanción muy efectiva. Hemos visto la desfachatez de algunas personas que han estado involucradas en hechos de corrupción y después pretenden seguir contratando con el Estado. También se prohibe que reciban algún tipo de subsidio o de ayuda a esa persona jurídica, como por ejemplo el Paef, como se está haciendo hoy.

El país parece estar perdiendo la lucha para lograr la extinción de dominio sobre los corruptos, ¿qué contempla el proyecto al respecto?
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No es que el país esté perdiendo la lucha, lo que pasa es que buscamos mejorar el procedimiento para hacer la extinción. La Ley 1615 de 2013 ya prevé la extinción de dominio, pero desafortunadamente no siempre ha funcionado de forma eficaz. Aquí lo que se está haciendo es permitir que todos los bienes del patrimonio de las personas condenadas por corrupción tienen que ingresar a un fondo para la administración de esos bienes que lleva la Fiscalía, de tal manera que con los mismos se pueda resarcir a la sociedad por los perjuicios derivados de ese hecho de corrupción.

Lo que se hace es agilizar la toma de medidas de precaución, que eviten que esa persona o esa sociedad disponga de esos bienes para evitar que con ellos se responda económicamente por el daño causado por el hecho de corrupción. Sabemos que no es suficiente la sanción penal.

La iniciativa se mete también con los políticos, al pretender hacer más estricto el mecanismo de selección de los personeros...
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Ese tema es importante, porque lo que necesitamos es la mayor transparencia en todo lo que tiene que ver con la nominación y elección de los cargos de elección popular y de estos que tienen una responsabilidad tan grande como los personeros, entonces lo que se establece es que el concurso de méritos sea mucho más estricto, se deben hacer no solo pruebas de conocimiento sino también seguimiento a la trayectoria de la persona, y se hace una ponderación de valor a cada uno de esos elementos que se evalúan para encontrar el que tenga el mejor conocimiento. No es posible que lleguen a los cargos a aprender todo en el ejercicio del cargo.

¿No están presentando el proyecto muy tarde?, pues faltan menos de dos meses para cerrar las sesiones del Congreso
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Este proyecto va con mensaje de urgencia. La verdad es que ha tenido dificultades. En este tema de la corrupción hay veces que se han tenido más protagonismo y vanidades que verdadera decisión de hacer las cosas. Por eso, la orden del presidente Duque fue tomar el toro por los cuernos y en las reuniones de la Comisión Nacional de Moralización nos pidió que no podemos dejar que cada uno esté por su lado haciendo el mejor esfuerzo sino que debemos estar muy unidos. Tengo la más absoluta certeza de que el Congreso, ya lo hemos hablado con varios miembros de las bancadas, lo acogerá de manera unánime.

Pero la oposición está muy fuerte en el Congreso...
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Estoy convencida de que esta debe ser la prioridad de la sociedad colombiana y también de que todos los congresistas lo acogerán, esto no puede tener color político, ellos saben que tenemos que quitarle el Estado de las manos a los corruptos. Hay un montón de mafias que se han apropiado de los recursos públicos. Además, estamos abiertos a hacerle todas las mejoras.

A propósito, ¿cómo le ha ido con la oposición que le han hecho desde otras orillas políticas?
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Es una oposición que en algunos actores que el país los tiene muy bien identificados, han hecho una oposición más de odio que de argumentos, más que una oposición de opciones y alternativas a cualquier tipo de política pública. Ha sido una oposición de odio, pendiente de lograr el fracaso del Gobierno y esa es una manera realmente dañina de pretender tener un liderazgo, es un liderazgo perverso. Creo que todos los colombianos debemos apostar al éxito del presidente Iván Duque, porque el éxito del Gobierno es el éxito de Colombia. Yo he sido una persona de oposición, pero siempre hice una oposición con argumentos, con lealtad; la lealtad es una condición del buen trabajo político. Los colombianos somos conscientes de quiénes son los que generan odios contra el Gobierno.

¿Confía en que se pueda avanzar en la reactivación económica este año y cómo el comportamiento de ese sector para el 2022?
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El propio Ministro de Hacienda ha dicho que vamos a tener una caída en el PIB que puede estar entre 5 % y 7 %, pero en el Gobierno hemos estado trabajando desde mayo para reactivar la economía, le dimos prioridad a la infraestructura y la construcción de vivienda, porque son ampliamente jalonadores de empleo no calificado, los sectores sociales, los más vulnerables, dependen del empleo no calificado. Estamos viendo hoy que hay 485 proyectos muy robustos que van a significar inversiones por 161 billones de pesos y se van a desarrollar en lo que queda del Gobierno, muchos en el sector de la agricultura, la agroindustria, la manufactura, proyectos para la energías limpias.