¿La Policía le puede pedir la cédula? Esta es la multa por negarse a identificarse

Caminar por la calle y negarse a un requerimiento de rutina puede costar muy caro en Colombia.

La Policía Nacional realiza constantes operativos de control en el espacio público que incluyen la solicitud de documentos de identidad, un procedimiento que muchos ciudadanos esquivan por desconocimiento de las drásticas consecuencias legales y monetarias que contempla la legislación actual.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, este tipo de verificaciones imprevistas no obedece necesariamente a una investigación judicial en curso. Por el contrario, las autoridades explicaron que se trata de funciones de prevención plenamente respaldadas por la ley para garantizar el orden en las calles.

La obligatoriedad de atender el llamado de los uniformados está consagrada de forma taxativa en la Ley 1801 de 2016. Específicamente, el artículo 35 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana detalla cuáles son los comportamientos que dañan la relación entre la ciudadanía y las instituciones del orden.

Los numerales de este apartado normativo prohíben de forma contundente impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a los procesos de identificación o individualización que adelanten los agentes. La desobediencia civil frente a esta solicitud legítima constituye una infracción directa contra las normas de convivencia ciudadana del país.

Quienes incurran en esta conducta se exponen a recibir una Multa Tipo 4, catalogada como una de las sanciones económicas más severas contempladas en el código policial. Para este año, el valor de la infracción asciende a la suma de 933.816 pesos colombianos que el infractor debe asumir.

Adicionalmente al pago del costoso comparendo, el infractor está obligado por ley a participar en un programa comunitario pedagógico. Esta medida correctiva busca sensibilizar al infractor sobre la corresponsabilidad y el respeto mutuo que debe imperar en la interacción diaria con la fuerza pública.

La resistencia a este control preventivo no es un fenómeno aislado en las principales capitales. En lo corrido del año, un total de 2.533 personas han sido sancionadas formalmente en Bogotá por negarse de manera rotunda a identificarse ante los uniformados.

A esta preocupante estadística distrital se suman otros 2.315 ciudadanos sancionados bajo el mismo artículo debido a conductas que impidieron o retrasaron el cumplimiento de órdenes legítimas impartidas por patrulleros y oficiales en el ejercicio de sus funciones.

Las autoridades recuerdan que el Plan Integral de Seguridad contempla que estas solicitudes de identificación son herramientas clave para la verificación de antecedentes judiciales. Por ello, el Distrito mantiene de forma paralela jornadas pedagógicas en zonas de alto flujo peatonal para transformar de manera positiva el comportamiento ciudadano.