La 'contrarreloj' para elegir a los juristas que faltan en la Corte Suprema de Justicia

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La 'contrarreloj' para elegir a los juristas que faltan en la Corte Suprema de Justicia

Febrero 26, 2020 - 12:38 a. m. Por:
Colprensa y redacción de El País
Corte Suprema de Justicia / Imagen de referencia

Si la Corte Suprema de Justicia no logra ponerse de acuerdo para llenar sus siete vacantes, la Sala Plena del alto tribunal se quedará sin quórum para tomar decisiones importantes.

Colprensa

Empezó la cuenta regresiva para que los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia elijan a los siete juristas que les hace falta para quedar en pleno. Están en una carrera contrarreloj porque al magistrado Ariel Salazar le quedan solo dos días en el tribunal, debido a que culmina su periodo.

Para poder tomar decisiones, la Sala Plena de la Corte debe tener por lo menos 16 magistrados. Si hoy no logran elegir vacantes, se quedarán solo con 15, es decir, sin quórum decisorio.

Esto significa que la Sala no podría nombrar a sus demás integrantes ni elegir a su presidente titular y a su vicepresidente, ni podría tomar ninguna decisión que implique contar con los votos de las mayorías.

De esta manera, se presentaría una crisis histórica para el máximo tribunal de justicia en Colombia.

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En más de una ocasión, el magistrado Salazar ha mostrado su descontento por la situación que se maneja al interior de la corporación.

En una nueva carta dirigida a la Sala Plena, el togado reiteró que no asume la responsabilidad sobre la falta de quórum que habrá una vez abandone su cargo.

“Nunca he estado de acuerdo con el vicioso sistema de acumular las vacantes como forma de presionar la elección de los recomendados, despreciando el sistema de selección por méritos que consagra el reglamento que la propia Corte se dio en cumplimiento de la función constitucional”, reposa en los primeros párrafos de su misiva.

Para el jurista, las elecciones de quienes serían sus compañeros no se vienen registrando bajo los parámetros establecidos, que no son otros que elegir a los mejores candidatos de la lista.

Salazar anunció en su comunicación que llevan quince sesiones fallidas, debido a que no se toma decisión sobre la elección de los nuevos dignatarios del alto tribunal.

“No he compartido la dañina costumbre de impedir o menospreciar el voto del magistrado más próximo a cumplir su período constitucional, dando lugar a la acumulación de vacantes, que, suplidas en paquete, terminan favoreciendo la elección de los recomendados”, anunció el togado.

Salazar añadió que tal información se puede evidenciar en las vacantes que hay en este momento en la Sala Penal, en la Laboral y muy pronto en la Civil.

El penalista anunció que hasta último momento se mantendrá en su posición innata de trabajar con cordura y coherencia, como lo estipula la ley.

“Nunca he vetado a un determinado candidato, porque mi inconformidad se ha referido, y se sigue refiriendo, a la costumbre malsana de votar y votar por preferidos, de manera indefinida y contraria al reglamento, hasta lograr su imposición a toda costa, como resultado de la perseverancia y de la amenaza de la inminente reducción del quórum”, dice la misiva de tres páginas.

Para Salazar, está claro que la “situación numérica” por la que pasa la Sala Plena, en este momento, obedece a que se está violando el reglamento de la corporación.

“El respeto que reclamo para el reglamento que juré cumplir me impide votar por los mismos candidatos que han sido llevados por la Sala Penal a más de 40 rondas sin haber alcanzado los votos necesarios para ser elegidos”, señaló.

Este martes, la Corte se reunió en sesión extraordinaria por más de ocho horas para tratar de llegar a un acuerdo, pero no fue posible.

La Corte lleva meses tratando de elegir vacantes sin éxito, al punto que con el correr del tiempo siguieron saliendo magistrados que terminaron su periodo.

Salazar, por último, indicó que sería penoso para la institucionalidad que después de haber propiciado la disminución del quórum, y de haber tratado de reformar el reglamento en ese aspecto, se pretendiera reinterpretarlo para reducir caprichosamente el umbral de elección.

Junto con la misiva, el magistrado adjuntó un documento de once páginas donde revela detalles de cada una de las Salas adelantadas desde el 24 de enero de 2019, hasta la que se registró el pasado 6 de febrero.

Entre los juristas han surgido algunas propuestas para intentar llenar las vacantes.

El 6 de febrero, por ejemplo, se había aprobado que el voto fuera público para afianzar compromisos y ver quiénes son los que sistemáticamente se están oponiendo a nombrar algunos candidatos, pero la medida se cayó el pasado jueves, en segunda vuelta.

Otra de las propuestas es la de bajar el quórum decisorio para que la Sala Plena no tenga que tomar decisiones con las dos terceras partes de los 23 magistrados, sino con las dos terceras partes de los que hoy están, es decir, con diez magistrados de 16, o los que queden cuando se vaya Salazar: 10 de 15. Sin embargo, esta iniciativa no ha tenido la acogida de todos los magistrados y por eso no ha sido implementada.

Expertos coinciden en que habría dos opciones: que la Corte modifique su reglamento o que el presidente Iván Duque declare un estado de excepción para nombrar magistrados de manera interina mientras se toma alguna decisión definitiva.

Reparación a cónyugues

La Sala Plena de la Corte Constitucional anunció que puede existir reparación en los procesos de divorcio en el matrimonio católico o en la cesación de efectos civiles cuando se demuestra que hubo violencia intrafamiliar.

La decisión se tomó ayer, luego de que el magistrado José Fernando Reyes expuso la ponencia sobre el caso de la exmagistrada del Consejo de Estado, Stella Conto, quien fue víctima de violencia por parte de su expareja sentimental Virgilio Albán Medina.

De acuerdo con Reyes, la directriz de reparación en Colombia o cuota alimentaria se registra como una solidaridad para con el cónyuge que padeció malos tratos o que finalmente fue abandonado por el otro. Esto, además de dejar claro que la cuota se brinda cuando la persona está en extrema pobreza.

En este caso, la Corte señaló que no tuvo en cuenta el salario de la magistrada, sino el efecto reparador por ser víctima de maltrato.

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