Juez ordena devolver al Museo Nacional las 63 piezas retiradas por el gobierno De La Espriella

El Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional de Colombia devolver, en un plazo de 48 horas, las 63 piezas retiradas de las salas de exposición el pasado 15 de octubre. La decisión fue tomada al resolver una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara Gabriel Becerra, junto con integrantes de colectivos de la población LGBTIQ+.

El fallo ordena reinstalar la totalidad de los elementos en los espacios donde estaban exhibidos, bajo condiciones adecuadas de conservación. La sentencia, de 38 páginas, acumuló 15 acciones de tutela relacionadas con el retiro de objetos y contenidos de las exposiciones del museo.

Además de disponer el regreso de las piezas, el despacho judicial estableció que el Ministerio y el Museo Nacional deberán adelantar una evaluación técnica y curatorial.

Ese proceso tendrá que incluir al Comité de Gestión Patrimonial de la institución y respetar criterios de memoria histórica, enfoque diferencial y de género, pluralismo, igualdad y prohibición de censura.

El juez César Enrique Osorio Ortiz también ordenó que las entidades se abstengan de retirar obras por razones relacionadas únicamente con el contenido o el punto de vista que expresan. La decisión no impide que el museo revise sus salas, pero exige que cualquier modificación se tramite mediante las instancias institucionales y con una justificación verificable.

La controversia había comenzado el 15 de octubre, cuando fueron desmontados objetos de las salas Memoria y Nación y Hacer Sociedad, entre otras áreas.

Entre los elementos mencionados en los reportes están una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña de Bernardo Jaramillo Ossa, una pieza relacionada con la Séptima Papeleta y el llamado Balígrafo, utilizado para firmar el acuerdo de paz de 2016.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella justificó el retiro como parte de una revisión de las exposiciones, la rotación de colecciones y la búsqueda de neutralidad institucional.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, sostuvo que los museos públicos no deben convertirse en espacios de adoctrinamiento político ni presentar versiones sesgadas de la historia.

El Ministerio negó que la medida constituyera censura o discriminación y afirmó que se trataba de una intervención técnica y administrativa. Sin embargo, el fallo cuestionó que las entidades no hubieran demostrado la existencia de un procedimiento curatorial que sustentara el retiro de los elementos.

El caso también fue revisado por la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP pidió al Ministerio y al Museo Nacional entregar inventarios, fotografías, registros de traslado, documentos técnicos y las comunicaciones que expliquen quién autorizó las modificaciones de las piezas relacionadas con las víctimas del conflicto armado. La JEP exigió explicaciones por los cambios en esas piezas.

Una vez las piezas regresen a sus lugares, el Ministerio y el Museo tendrán que adelantar la evaluación ordenada por la justicia y sustentar cualquier cambio futuro en criterios técnicos, curatoriales y de conservación. La medida cautelar anterior ya había ordenado conservar las piezas y frenar nuevos retiros.