Investigan presuntas irregularidades en procesos de contratación de ANI por más de $5.700 millones

Desde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) indicaron que se abrió un proceso en contra de dos personas, quienes tendrían relación en las presuntas irregularidades que se registraron en la adjudicación de la interventoría sobre el contrato de mantenimiento del corredor vial Briceño - Tunja - Sogamoso.

“Según la Superindustria, estas empresas habrían participado como proponentes a través de cuatro consorcios en el concurso de méritos, convocado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), cuyo objeto consistió en hacerse a la interventoría integral, que incluye los aspectos técnicos, financieros, jurídicos, operativos, medioambientales”, señaló un comunicado a la opinión pública por parte de la SIC.

Los pliegos fueron formulados en contra de Juan Diego Arena de la Hoz, presunto contratante de Arenas de la Hoz Ingeniería S.A.S, Consultoría Bogotá S.A.S. y consultores Donovan S.A.S.

A estos cargos se le suma también la presunta participación de Gerardo García Londoño, quien sería el presunto contratante de Gerencia Interventoría y Consultoría S.A.S y la Empresa de Servicios de Consultoría S.A.S.

Es importante mencionar que el contrato que se firmó de la concesión Briceño - Tunja -Sogamoso, tiene un valor que supera los $5.730 millones de pesos.

“El objetivo de las dos investigaciones, adelantadas por el Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones de la SIC, fue determinar si las empresas habrían aparentado ser competidoras, aunque en realidad habrían actuado de manera coordinada para aumentar las probabilidades de resultar adjudicatarias en favor de su respectivo controlante”, cita el comunicado de la SIC.

Por su parte, esta entidad afirmó que se habrían cometido las dos presuntas infracciones al régimen de protección de la competencia durante el proceso de selección.

“Estos comportamientos afectarían la dinámica de competencia en el proceso de contratación adelantado por la ANI, perjudicando los objetivos fundamentales de la contratación estatal, lo cual repercute en el interés general de la población”, continúa el comunicado.

Desde la Superintendencia indicaron que estas acciones administrativas se originaron a partir de una denuncia presentada por la ANI. Basándose en la información proporcionada, el Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones realizó dos investigaciones preliminares, concluyendo que podrían haber tenido lugar dos presuntas violaciones al régimen de protección de la competencia durante el desarrollo de este proceso de selección.

Cabe destacar que no se involucra a funcionarios públicos de la ANI en dichas irregularidades.

Es importante señalar que los actos administrativos que dieron inicio a estas investigaciones no constituyen decisiones definitivas.

Sin embargo, es importante mencionar que desde la Superintendencia, se ha indicado que continuarán con los procesos pertinentes para que se dé total transparencia en estos procesos. s de defensa, y las respectivas decisiones tendrán lugar después de que se desarrolle toda la investigación administrativa”, agregó el comunicado.

Son varias las empresas, todas bajo el control de una misma persona, que tomaron parte en el procedimiento simulando ser independientes, si bien operaron de manera coordinada. Su colaboración tenía como objetivo aumentar la probabilidad de ser seleccionadas para la contratación.

Es importante señalar que las personas que están en el proceso de investigación tendrán la oportunidad de formular diferentes argumentos para su defensa y, estos actos administrativos que se han tomado, no se tratan de una decisión final.

Sin embargo, e importante mencionar que desde la Superintendencia, se ha indicado que continuarán con los procesos pertinentes para que se dé total transparencia en estos procesos.

“La SIC reafirma su compromiso de salvaguardar la equidad en la competencia para contribuir a la realización de los propósitos establecidos por la Constitución y las leyes en relación con la contratación estatal. Esto incluye objetivos como la igualdad de oportunidades, la selección imparcial y la consecución de los propósitos y la función social asociados con la contratación pública”, puntualizó el documento.