Investigan posible minería ilegal al interior de base militar en Caucasia, Antioquia

Justicia Penal Militar abrió una investigación por la existencia de una mina de oro ilegal en el municipio de Caucasia, Antioquia, al interior de la base militar del Batallón de Infantería No. 31 rifles en el departamento de Antioquia.

La entidad explicó que el objetivo es esclarecer los hechos, para lo cual se han desplegado todas las capacidades institucionales.

Cabe mencionar que la revelación la hizo el diario The New York Times, que denunció cómo la mina ilegal estaba siendo explotada en terrenos de una base militar en el municipio de Caucasia.

¿Qué se conoce al respecto?

La gravedad del asunto sostiene que La Mandinga no es una mina aislada, sino una fuente de financiación para el Clan del Golfo, organización a la que los trabajadores, según el reportaje, deben pagar un impuesto para explotar el yacimiento.

“Los mineros deben pagar al grupo armado ilegal Clan del Golfo un impuesto por el derecho a explotar La Mandinga”, se puede leer en la publicación.

Al respecto, el Ejército respondió a través de un comunicado que ese terreno se está explotando de manera ilegal. “En los límites del Cantón Militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles se localiza la denominada finca La Mandinga, un predio de aproximadamente 2.000 hectáreas que se encuentra bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por extinción de dominio, conforme a lo estipulado por la ley”, señalaron.

En su mensaje aceptan que “entre 2.000 y 2.500 mineros informales” han ocupado los terrenos para “adelantar explotación ilícita de yacimientos mineros sin ningún título ni amparo legal, causando un deterioro ambiental severo e irreversible en la región”.

Incluso, aceptaron que se han realizado “más de 20 intervenciones directas sobre la zona”, logrando la destrucción de maquinaria y demás elementos empleados en estas actividades criminales.

Ahora bien, la Agencia Nacional de Minería (ANM) precisó que desde el 10 de octubre de 2025 solicitó formalmente a la Alcaldía de Cáceres, en Antioquia, activar las medidas de amparo administrativo correspondientes frente a una presunta ocupación irregular del área minera por parte de terceros.

En su pronunciamiento, la ANM expresó que, de acuerdo con lo establecido en el Código de Minas, la verificación de este tipo de denuncias y la adopción de medidas como la suspensión de actividades no autorizadas en zonas tituladas son competencia de las autoridades locales y de policía.

Por ello, la entidad subrayó que actuó dentro de sus funciones legales y que realizó las alertas pertinentes de manera oportuna ante la situación reportada en el territorio.