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Informe de Así Vamos en Salud asegura que han cerrado 4.100 IPS en los últimos cinco años en Colombia

Según la organización en Colombia viene aumentando el aseguramiento en salud, pero no la capacidad de atención.

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Una compleja situación financiera tiene hoy al sistema de salud con un daño que parece irreparable.
Los cierras de IPS y el aumento de quejas, así como tutelas, son síntomas de la situación compleja del sistema de salud, según el informe. | Foto: JORGE OROZCO-EL PAÍS

22 de abr de 2026, 11:13 p. m.

Actualizado el 22 de abr de 2026, 11:13 p. m.

El observatorio Así Vamos en Salud acaba de publicar su más reciente informe sobre la situación del sistema de cobertura y acceso a los servicios médicos en Colombia, indicando que en la actualidad “estar afiliado no garantiza acceder a los servicios de salud de manera oportuna, continua y con calidad”.

Según esta organización independiente que, en su web oficial, tiene como aliados a empresas farmacéuticas y prestadoras de servicios como Compensar, Roche, Keralty, Sura, Profamilia, Fundación Santa Fe, entre otras, hay una “brecha entre la cobertura formal y la garantía real del derecho a la salud”.

Los manifestantes en la sede de Guadalupe exigieron la presencia de la Superintendencia de Salud para vigilar el cumplimiento de las entregas de medicamentos pendientes.
Los manifestantes en la sede de Guadalupe exigieron la presencia de la Superintendencia de Salud para vigilar el cumplimiento de las entregas de medicamentos pendientes. | Foto: EL PAÍS

Las demás ciudades son Antioquia con 273, Atlántico con 268, Cali con 227, Barranquilla con 212, Santander con 204 y Cundinamarca 177. “Estas cifras resultan especialmente preocupantes si se considera que corresponden a zonas con alta concentración poblacional y alta demanda de servicios de salud”, indica el observatorio.

El dato oficial de los cierres fue tomado del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), entre 2021 y 2025, dando una cifra total de 4.104 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en Colombia.

Augusto Galán Sarmiento, director del observatorio Así Vamos en Salud y exministro de Salud de Colombia.
Augusto Galán Sarmiento, director del observatorio Así Vamos en Salud y exministro de Salud de Colombia. | Foto: Así Vamos en Salud

Al respecto, señalan que “el comportamiento territorial de estos cierres también evidencia profundas desigualdades”. No obstante, cabría esperar cómo este comportamiento se refleja con lustros y décadas pasadas en el mismo sistema, para describir un comportamiento histórico.

Según el crecimiento sostenido de PQRS y tutelas en estos años, para esta organización se “evidencia que el sistema no está respondiendo oportunamente a las necesidades de los usuarios”, lo que indicaría barreras en el acceso a la salud.

También plantean, según sus estudios, que hay una caída en el régimen contributivo, es decir, hay menos afiliaciones con recursos propios, y más afiliaciones al sistema subsidiado, lo que “pondría en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema”.

Otro indicador que mencionan en su informe es que hay “oferta insuficiente frente a una demanda creciente”, esto significa que se cuenta con “menos servicios en áreas clave y brechas territoriales contrastan con el envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas”.

Pacientes hacen largas filas en los dispensarios ante la escasez y demoras en la entrega de medicamentos esenciales.
Ante la insuficiencia del sistema, aumentan los procesos judiciales mediante tutelas para que los pacientes reciban servicios ya garantizados. | Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Así Vamos en Salud señala la necesidad de fortalecer la gestión del sistema, mejorar la calidad de la atención, reducir las barreras de acceso especialmente en territorios apartados y ajustar la oferta de servicios a las dinámicas actuales de la población.

Por último, destacan que el aumento de quejas y tutelas para acceder a tratamientos, muchas de las cuales terminan en procesos judiciales, confirman una tendencia y dejan en “evidencia una debilidad estructural en la capacidad de respuesta institucional, obligando a los ciudadanos a recurrir a mecanismos legales para acceder a servicios que deberían estar garantizados”.

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