Tutelas en salud: el recurso judicial que no siempre logra acelerar tratamientos en medio de la crisis del sistema

El 13 de febrero de 2026, María Elena Caicedo Estupiñán murió mientras esperaba que le autorizaran consultas médicas.

La orden judicial que debía garantizar esa atención había sido emitida apenas unas semanas antes.

El 16 de enero, María Elena había presentado una tutela para que le autorizaran varias consultas médicas que necesitaba con urgencia. Llevaba meses esperando atención para continuar el tratamiento contra un cáncer que enfrentaba desde 2024.

Las órdenes médicas estaban desde el año pasado: remisiones a anestesiología, hematología oncológica y medicina nuclear.

El juzgado falló a su favor pocos días después. En la sentencia ordenó a la EPS autorizar y garantizar en un plazo de 48 horas las consultas y el tratamiento integral que requería para las patologías diagnosticadas, entre ellas tumores malignos en colon y recto.

La orden judicial no alcanzó a cumplirse. Para entonces su historia ya llevaba meses de retrasos. Había sido tratada durante parte de su enfermedad en la Clínica de Occidente, pero en octubre de 2025 dejó de recibir atención allí cuando el convenio con la EPS terminó.

Desde ese momento empezó un peregrinaje por autorizaciones, remisiones y cambios de prestador que nunca se concretaban.

“Ella estaba luchando desde 2024 por su cáncer y estaba siendo tratada. De un momento a otro la dejaron de tratar”, recuerda Amparo López, médica laboral, quien la ayudó a presentar la tutela.

En diciembre la situación se agravó. María Elena tuvo una obstrucción intestinal y terminó en urgencias. Los médicos que la evaluaron señalaron que necesitaba nuevamente la valoración de un coloproctólogo, el mismo especialista que la había tratado antes. El problema era que ese médico estaba en la clínica donde ya no había convenio.

Finalmente la operaron para revisar la obstrucción, pero los procedimientos posteriores quedaron condicionados a consultas externas que tampoco se programaban. Sin coloproctólogo, sin medicina nuclear y sin manejo del dolor, el tratamiento quedó suspendido.

“Se murió esperando la cita con el oncólogo, con el radiólogo, con el coloproctólogo, y se murió en desesperanza”, dice Amparo.

“Al final ella ya no comía. Prácticamente todo se le venía. Empezó a vomitar, perdía mucho peso y estaba muy flaca. Todas las quejas y las tutelas que pusimos no sirvieron para nada”, sentencia Dana González, sobrina de María Elena, quien la acompañó en el proceso médico.

La espera por la cirugía de Saturia

Semanas antes de que María Elena muriera, Amparo ya estaba enfrentando otra batalla similar dentro de su propia familia.

Su madre, Saturia López León, de 75 años, había recibido en agosto de 2025 el diagnóstico de cáncer de mama después de años de pedir una mamografía. El examen reveló una masa y, tras una segunda biopsia, el diagnóstico fue claro: carcinoma ductal infiltrante grado dos en la mama izquierda.

El mastólogo que la evaluó fue directo con la urgencia del caso. “Por favor, necesito que le corras a tu mamá”, le dijo a Amparo cuando revisó los resultados.

La cirugía debía hacerse lo antes posible: una cuadrantectomía con vaciamiento ganglionar que no se programó.

Durante un tiempo el proceso había avanzado con normalidad.

Saturia salía de las consultas y el equipo médico la contactaba para los siguientes pasos. Pero después de octubre las respuestas dejaron de llegar.

La tutela se interpuso el 29 de noviembre de 2025. El fallo fue favorable y ordenó garantizar la cirugía incluso si debía hacerse en otra institución. Sin embargo, la orden tampoco se materializó. El expediente empezó a llenarse de requerimientos e incidentes de desacato. Mientras tanto, el tumor seguía avanzando.

En medio de la espera, Saturia decidió volver a su finca en el Cauca. Permanecer en Cali la angustiaba demasiado. “Quedo encerrada y de tanto pensar, me voy a enloquecer y me tiro de su apartamento”, le dijo a su hija.

Para Amparo, la muerte de María Elena hizo más real el miedo de que la historia pudiera repetirse.

Finalmente la cirugía de Saturia se realizó el 5 de marzo en la Fundación Valle del Lili, pero solo después de que su caso fuera visibilizado en las redes sociales de El País y generara presión institucional.

“La cirugía es el resultado directo de la visibilización de su caso en medios de comunicación y plataformas digitales”, escribió Amparo en una carta dirigida a los medios.

Y agregó una reflexión que la sigue inquietando: “Este avance es meramente reactivo a la visibilidad pública y no a una voluntad institucional de acatar los fallos judiciales o garantizar el derecho fundamental a la vida. Es inaceptable que la atención médica de pacientes deba depender de la presión en redes sociales para superar obstáculos burocráticos”.

Ahora el proceso entra en una nueva etapa. Durante la cirugía, los médicos retiraron la masa, parte del seno y varios ganglios, pero el tratamiento que seguirá dependerá del resultado de la patología.

Amparo explica que están a la espera de ese informe para saber si será necesaria otra intervención o terapias adicionales como quimioterapia.

“Si ustedes no colocan esa noticia, posiblemente mi mamá no estaría el día de hoy operada”, dijo posteriormente a este medio en agradecimiento por la publicación.

Cuando la tutela no resuelve todo

No todos los casos logran destrabarse después de tutelas, quejas o presión pública. Luisa Fernanda Quiñones conoce bien esa sensación de espera.

Su hermana, Jesús Graciela Quiñones, tiene cáncer de mama desde hace aproximadamente un año. En ese momento ella se encontraba en Pasto y no lograba recibir atención especializada.

Ante la falta de respuestas, Luisa decidió traerla a Cali e intentar que la atendieran.

El traslado tampoco fue sencillo.

“No le querían dar el traspaso a Cali. Cuando colocamos la tutela fue que la empezaron a atender aquí”, cuenta.

La acción judicial permitió que la atendieran, pero el proceso sigue siendo lento. La cirugía que necesita todavía no tiene fecha; el cirujano la revisará esta semana.

“Ella tiene una herida en el seno”, recalca su hermana.

Por ahora el tratamiento se limita a curaciones y controles mientras esperan una decisión.

“Lo que estoy pidiendo es que le hagan la cirugía lo más rápido que puedan”, añade.

Dos años esperando atención

En otros casos, incluso acudir a la Justicia es una decisión que llega tarde, después de meses intentando resolver el problema por vías normales.

En Cali, Lot Morales Rincón lleva más de dos años lidiando con el sistema de salud para que su esposa, Marina Mera Cardona, reciba atención especializada por una enfermedad que afecta su hígado y su páncreas.

Durante ese tiempo ha acudido a oficinas, ha solicitado autorizaciones y ha intentado resolver el problema directamente con las entidades. Hasta ahora había evitado acudir a acciones legales.

“Siempre he creído que por las buenas se hacen las cosas”, dice.

Pero la situación se ha prolongado demasiado. Exámenes ordenados por especialistas siguen sin ser autorizados después de tres meses.

En las últimas dos semanas, su esposa, de 68 años, ha tenido que acudir varias veces a urgencias por bajones severos de presión.

Ahora, Lot prepara la documentación para presentar una tutela.

“Esta semana la presento porque ya no se justifica”, afirma. “Yo he sido el hombre más amable del mundo, he hecho todas las vueltas, he perdido todo el tiempo… y no pasa nada”.

Solo en 2025 se interpusieron en Colombia 923.397 acciones de tutela, la cifra más alta desde que existen registros consolidados en 1992. De ese total, 312.567 estuvieron relacionadas con el derecho a la salud, un aumento del 17,9 % frente a las 265.173 del 2024.

Entre las entidades más demandadas aparece Nueva EPS, que concentró el 12,6 % de los casos radicados ante la Corte Constitucional, seguida por las Secretarías de Movilidad, Tránsito y Transporte, con el 10,1 %.

Otras aseguradoras del sistema también figuran entre las más señaladas por los usuarios, entre ellas, Sanitas, con el 3 %; Sura, con el 2,8 %; Salud Total, con el 2,6 %, y Savia Salud y Famisanar, con el 1,8 % cada una.