Incertidumbre en el Catatumbo; Petro firmó programa de siete meses con disidencias en medio de crisis humanitaria

El Gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a poner en el centro del debate su política de paz total tras anunciar la firma y prórroga de un programa de siete meses para las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), acordadas con el Frente 33 de las disidencias de las Farc-Ep.

La decisión se produce en un momento crítico para la región del Catatumbo, donde la violencia armada y la crisis humanitaria continúan agravándose, generando dudas sobre el impacto real de estas medidas en el territorio.

Las ZUT fueron creadas inicialmente mediante la Resolución Ejecutiva 161 de 2025, firmada por el mandatario el 23 de mayo de este año. Estas zonas se concibieron como espacios transitorios destinados a la concentración de integrantes de las disidencias y al desarrollo de diálogos con el Estado, bajo la premisa de avanzar hacia escenarios de negociación y verificación en el marco de la paz total.

La primera de estas zonas fue ubicada en un área rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, una región históricamente golpeada por el conflicto armado y la presencia de múltiples actores ilegales.

De acuerdo con lo establecido en la resolución, la ZUT de Tibú tendría una vigencia inicial de siete meses, con un plazo de 45 días para que los miembros acreditados del Frente 33 se trasladaran al lugar designado.

Como parte de los incentivos para facilitar su participación en el proceso, el documento contempló la suspensión temporal de las órdenes de captura y de extradición contra quienes fueran reconocidos oficialmente como integrantes del grupo dentro del diálogo. El objetivo, según el Gobierno, es permitir que estas personas se vinculen sin obstáculos jurídicos a los mecanismos de negociación y verificación previstos.

La reciente decisión del Ejecutivo no solo ratifica ese esquema, sino que plantea su ampliación. Pues la prórroga anunciada busca extender la vigencia de las zonas ya existentes y replicar el modelo en otras regiones del país donde las disidencias mantienen presencia activa.

No obstante, el anuncio ha estado acompañado de un vacío de información que ha generado inquietud. Hasta el momento, el Gobierno no ha precisado cuántos integrantes se encuentran concentrados en las ZUT, cuáles son los mecanismos de control implementados ni qué garantías de seguridad existen para las comunidades que habitan en las cercanías de estas áreas.

Cabe señalar que, el contexto en el que se da esta medida resulta especialmente complejo. Dado que, en las últimas semanas se han intensificado los enfrentamientos entre el Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en municipios como Tibú, El Tarra y Sardinata.

Estos choques armados han provocado nuevos desplazamientos masivos, confinamientos y una profundización de la crisis humanitaria en el Catatumbo. La Defensoría del Pueblo ha alertado que miles de personas se encuentran en riesgo debido al fuego cruzado y a la falta de una respuesta institucional suficiente para proteger a la población civil.

Mientras el Gobierno sostiene que las ZUT son una herramienta transitoria orientada a la construcción de confianza, la reducción de la confrontación armada y el eventual desarme, en el territorio predomina la sensación de incertidumbre. Las comunidades afectadas reclaman mayor claridad, transparencia y resultados concretos que se traduzcan en mejoras reales de seguridad y condiciones de vida.