ICBF se pronuncia y asume custodia de tres menores de edad tras denuncias de abuso sexual en el norte de Bogotá

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activó formalmente las rutas de atención institucional tras recibir reportes sobre un presunto caso de violencia sexual contra un menor de edad en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.

La situación cobró relevancia pública a raíz de una serie de denuncias ciudadanas y material audiovisual difundido en plataformas digitales, donde se evidenciaban presuntos hechos delictivos ocurridos en el balcón de un apartamento de la zona.

Ante la gravedad del suceso, la directora general del ICBF, Astrid Cáceres, emitió un pronunciamiento oficial a través de la cuenta de la entidad en la red social X. La funcionaria resaltó el papel de la ciudadanía al denunciar oportunamente estos actos y confirmó que los protocolos correspondientes se pusieron en marcha de manera inmediata para salvaguardar la integridad de los menores de edad afectados.

La intervención inicial en el lugar de los hechos estuvo a cargo de la Policía de Infancia y Adolescencia, cuerpo que legalmente cuenta con las facultades para ejecutar acciones físicas de rescate ante situaciones de emergencia. Tras el procedimiento, los uniformados trasladaron y pusieron a disposición de las autoridades administrativas del ICBF a tres menores de edad: dos niñas y un niño.

El grupo de niños fue remitido de inmediato a un centro asistencial para iniciar el proceso formal de valoración de salud y verificación de sus derechos fundamentales. La directora de la institución explicó que las actuaciones se han desarrollado bajo el estricto cumplimiento de los términos legales establecidos y han contado con el acompañamiento directo y la supervisión institucional de la Procuraduría General de la Nación.

Las autoridades de infancia se encuentran a la espera de los informes y dictámenes técnicos oficiales que deben emitir las entidades médicas correspondientes, así como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los cuales determinarán el estado de salud y los hallazgos periciales del caso.

Cáceres aclaró la distribución de competencias institucionales en la emergencia, precisando que los tiempos de respuesta y la posterior coordinación para el traslado médico se gestionaron de forma conjunta entre la Policía Nacional y los equipos del ICBF.

Un punto central enfatizado por el Bienestar Familiar radica en la estricta reserva que debe imperar sobre los datos personales y la identidad de las víctimas directas e indirectas durante el transcurso de las indagaciones. La directora general instó a los usuarios de redes sociales y a la opinión pública en general a suspender la difusión de material que pueda revictimizar o exponer a los menores de edad involucrados.