Hidroituango: hoy se vence el plazo para que se enciendas las turbinas, ¿qué pasará?

Hidroituango alcanzó ayer otro logro en su camino para encender las dos primeras unidades de generación, hito que emocionó hasta las lágrimas al vicepresidente William Giraldo Jiménez, el ingeniero que se echó el proyecto al hombro desde su días más oscuros en 2018 y lo tiene, junto a su equipo de EPM y al consorcio constructor CCCI, a punto de estrenarse.

Resulta que hacia mediodía, el tablero de control mostró que fueron exitosas las pruebas para matricular la unidad número dos ante el Sistema de Potencia Nacional, logro que se alcanzó el sábado pasado con la unidad uno.

Para conseguirlo, ambas unidades se inscribieron en pruebas y durante 30 minutos se hizo el seguimiento a su comportamiento, se tomaron los datos y se detalló la información que debe ser enviada a los entes reguladores para que procedan a dejarlas inscritas como máquinas en capacidad de generar energía.

¿Este logro es considerado como operación comercial? No. Aún no se ha realizado la prueba más exigente: la de sincronización con rechazo de carga a máxima potencia, que consiste en cargar cada máquina de a poco hasta llegar a 300 megavatios de energía con 169 metros cúbicos de agua por segundo.

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Esta prueba se deberá realizar cuando se llegue a un acuerdo con las comunidades y autoridades aguas abajo con la fecha y las condiciones de realización, pues es la prueba con la cual se cumple el requisito de evacuación preventiva ordenado en la Resolución 1056 de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

“Creemos que la otra semana vamos a definir un día donde podamos hacer este protocolo y así poder entrar a generar energía de manera continua, que es lo que nos impide la resolución 1056 en el marco de la evacuación que venimos preparando”, afirmó anoche el gerente de EPM, Jorge Carrillo.

Pero tres grandes dudas rodean el futuro de la central.

El pasado jueves 10 de noviembre, el gerente Jorge Andrés Carrillo envió un oficio a la Creg pidiendo tener mayor margen de tiempo para encender la hidroeléctrica, amparándose en la recomendación de evacuación que expidió el Gobierno Nacional para las comunidades aguas abajo del proyecto.

Aunque desde el pasado 16 de noviembre la propia ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ya había revelado que la Creg devolvió esa solicitud a EPM tras considerar que era muy pobre en información, hasta el pasado viernes 25 de noviembre la compañía antioqueña todavía no había resarcido esa falta de información.

“La Creg requirió a la empresa completar la solicitud con información adicional para poder evaluar de manera integral la misma. A la fecha se está a la espera que se complete la información para analizar la solicitud y dar respuesta de manera oportuna”, indicó el director ejecutivo de la Creg, José Fernando Prada Ríos, en respuesta a un derecho de petición presentado por el diputado Luis Peláez.

Lo que está claro hoy, sin tener todavía respuesta de la Creg, es que si se incumplen los compromisos, EPM puede perder una garantía bancaria de 207 millones de dólares, unos $995.000 millones con el cambio de ayer.

¿Cómo es el proceso sancionatorio? La Creg abre una actuación administrativa para determinar la responsabilidad del agente -en este caso EPM- ante los retrasos en el cumplimiento de la generación de energía. El agente tiene derecho a la defensa y a exponer sus razones del porqué no es imputable el retraso.

Si luego de este proceso la Creg determina que hubo responsabilidad del agente, el administrador del mercado energético nacional, XM, procede a la ejecución de la garantía que respalda esta obligación del cargo por confiabilidad, que en este caso corresponde a un monto de 207 millones de dólares.

La ejecución de una garantía del cargo por confiabilidad no tiene carácter de multa o sanción, debido a que la Creg, en sus funciones, no tiene facultades para sancionar. Ese cobro se contempla en cumplimiento de un procedimiento regulatorio que ejecuta XM.

Pero ese no es el único problema que tendría EPM si se confirma su responsabilidad. También procederá el retiro de la remuneración asociada a esta energía firme que representa un ingreso estimado de 64,8 millones de dólares anuales, es decir, unos $310.000 millones que dejarían de entrar a las arcas de la empresa cada año. La empresa, eso sí, puede optar luego por recibir de nuevo ingresos por cargo por confiabilidad con Hidroituango.

Con respecto a las eventuales pérdidas que traería el incumplimiento de las obligaciones de energía en firme, la ministra de Minas, Irene Vélez, explicó el pasado 16 de noviembre en un debate en el Congreso que “un eventual incumplimiento grave e insalvable respecto a las obligaciones adquiridas sería analizado por la Creg en un proceso administrativo que requiere previamente el informe del auditor”.

¿Se la jugará EPM con poder justificar que los incumplimientos no son “graves e insalvables” para poder evitar las enormes pérdidas económicas? El alcalde Daniel Quintero dijo que “vamos a seguir trabajando esta noche (ayer) y mañana (hoy). (Esperamos) el momento en que les podamos decir que no hay sanciones. Habría muchas razones para pelear una sanción, una podría ser el covid, los bloqueos”.

Pese a los avances de las unidades 1 y 2, las otras seis unidades del proyecto están bajo un panorama marcado por la incertidumbre. Pasando por encima de las insistentes y reiteradas recomendaciones de expertos, académicos y firmas de ingeniería como Pöyry, EPM no tuvo reparos en ver partir hoy al consorcio que se encargó de las obras civiles desde hace una década.

Más allá de las suspicacias que el alcalde Daniel Quintero ha buscado sembrar sobre el Consorcio CCC Ituango, el escenario de una salida suya del proyecto era visto desde hace más de tres años como un escenario adverso, sobre todo por el riesgo de perder expertos, conocimientos y trazabilidad sobre los trabajos de recuperación del proyecto, que en la práctica es un complejo laberinto de túneles con múltiples problemas.

Para terminar de oscurecer el panorama, CCCI abandonará la obra sin que ni siquiera pueda realizar un proceso de empalme completo, ya que EPM todavía no escoge al constructor que se encargará de las obras finales, en una licitación que se abrió contra toda recomendación.

Aunque al proyecto llegará mañana la firma Schrader Camargo, contratada directamente por EPM, esta solo tendrá a su cargo los concretos de las unidades 3 y 4, que en comparación con el resto de la hidroeléctrica es un frente pequeño. Así lo dejó muy claro el representante legal del consorcio CCCI, Santiago García, luego de tomarse la palabra en varios debates de control político realizados en la Asamblea de Antioquia y el Congreso de la República.

“El contrato de hoy vence el 30 de noviembre y su alcance es muy superior al de las unidades 3 y 4. No se puede comparar una facturación de $5.000 millones con una de $54.000 millones, porque esas unidades 3 y 4 representan, si acaso, un mes de los concretos que ejecutamos nosotros, sin mencionar las obras de estabilización, cielo abierto, subterráneas y recuperación de túneles en 15 frentes activos”, advirtió García.

A raíz de su salida de la obra, ese consorcio publicó una carta de agradecimiento a los más de 4.200 trabajadores exaltando su aplomo y valentía para rescatar la obra, pese a los riesgos latentes desde la contingencia de 2018.

“Su valentía fue determinante para llegar a la cota segura de la presa y posteriormente reconstruir obras en la casa de máquinas y otros frentes del proyecto, valentía que hoy también permite que el proyecto se encuentre a punto de generar la energía tan esperada por todos los colombianos”, expresó la empresa en un comunicado.

En paralelo al empalme, la licitación para las cuatro unidades finales se ha vuelto otro dolor de cabeza para el gerente Carrillo y el alcalde Quintero, que pese a insistir en que va por buen camino han tenido que permitir que la misma se aplace cinco veces consecutivas, por culpa de los múltiples problemas que implica para sus interesados.

El principal motivo de preocupación para las empresas que compraron los derechos para participar en la licitación está ligado al aseguramiento del proyecto, que ninguna empresa de ese sector se mide a asumir.

De igual forma, varias modificaciones en los pliegos de condiciones aprobadas por EPM han levantado suspicacias, sobre todo por reducir la experiencia constructiva para los socios nacionales, luego de cruzarse varios oficios con la firma china Yellow River.

Curiosamente esta última empresa se presenta en llave con la firma Schrader Camargo, la misma que fue escogida a dedo para terminar los concretos de las unidades 3 y 4. De acuerdo con el cronograma establecido hasta ahora, el próximo miércoles 7 de diciembre a las 4:00 de la tarde vencerá el plazo para la recepción de las ofertas finales.