Hércules FAC 1016 desató un fuerte choque de versiones en el Congreso tras la muerte de 69 uniformados; esto se sabe de la investigación

El auditorio de la Comisión Sexta del Senado se convirtió en el escenario de un tenso balance sobre la capacidad operativa de las Fuerzas Militares, tras el siniestro del avión Hércules C-130 ocurrido el pasado 23 de marzo en Putumayo.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, enfrentó los cuestionamientos de los legisladores defendiendo la gestión del Gobierno y rechazando las teorías que califican a la aeronave como obsoleta.

Durante el debate de control político, el jefe de la cartera fue enfático al señalar que la tragedia no doblegará la moral de la Fuerza Pública. Sánchez Suárez desmintió las versiones que apuntan a una reducción de la flota bajo su mando, asegurando que Colombia mantiene actualmente 667 aeronaves operativas.

No obstante, las cifras presentadas contrastan con documentos conocidos recientemente que alertan sobre una crisis de mantenimiento por falta de recursos.

El Comandante de la Fuerza Aeroespacial, General Carlos Silva, aportó datos técnicos para contextualizar la antigüedad del aparato. Según el oficial, el 68% de los aviones C-130 que operan en 70 países tienen una edad similar al accidentado FAC 1016.

Silva reveló que la aeronave contaba con una certificación vigente hasta el año 2027 y que en 2023 se le realizó un mantenimiento mayor con una inversión superior a los 11.500 millones de pesos.

Pese a estas afirmaciones de normalidad técnica, la oposición política y diversos informes gubernamentales exponen una realidad distinta. Se conoció que las Fuerzas Militares solicitaron un presupuesto de 53,4 billones de pesos para 2026, pero solo se les asignaron 21,2 billones.

Esta limitación financiera ha provocado que la disponibilidad real de la flota aérea caiga al 61%, una cifra que se encuentra por debajo de los estándares internacionales recomendados.

Un elemento clave en la investigación será el testimonio del copiloto, quien sobrevivió al impacto y ya ha rendido declaraciones ante los peritos. Para garantizar la transparencia, la Fuerza Aeroespacial solicitó el apoyo de expertos internacionales de las firmas Lockheed Martin y Rolls-Royce, quienes ya realizaron pesquisas en el lugar del siniestro en Puerto Leguízamo para analizar los restos de los motores y la estructura.

El debate también puso bajo la lupa la infraestructura de la zona, pues se reveló que el aeródromo donde ocurrió el accidente carece de torre de control y es operado por una alcaldía de sexta categoría.

Ante esta precariedad, el Gobierno anunció la aprobación de un CONPES por 13 billones de pesos destinado a la modernización de los equipos, aunque se reconoce que estos recursos no tendrán un impacto inmediato en la operatividad actual.