Hallazgos fiscales por más de $8800 millones en la administración de los bienes en custodia de la SAE

Más de 30 años después de la caída de los carteles de la droga y cuando muchos de los bienes incautados entonces, y en los años posteriores, amenazan ruina, la Contraloría General de la República realizó hallazgos fiscales por $8839 millones, en la administración de bienes y sociedades sometidas a extinción de dominio y dejados a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante las vigencias 2023, 2024 y primer semestre de 2025.

De acuerdo con la auditoría realizada por el ente de control, fueron 22 hallazgos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal y 17 presunta incidencia disciplinaria.

“Entre esos hallazgos se determinaron deficiencias en la administración de bienes y en la ejecución de los procedimientos de desalojos; insuficiencia de controles en los mecanismos de seguimiento a los depositarios, y debilidades en los sistemas de información que afectan el manejo de inventarios y la articulación entre las áreas involucradas en los procesos misionales”, asegura la entidad mediante un comunicado.

“El ente de control evidenció además la omisión en la aplicación de normas y procedimientos internos y el incumplimiento sistemático de los lineamientos establecidos para la ejecución de desalojos de inmuebles, la elaboración de estimados de renta, los procesos de comercialización y los procedimientos de rendición de cuentas”, prosigue el documento.

Tal como se ha denunciado en repetidas ocasiones, la Contraloría General recabó en las “deficiencias en el seguimiento y control de los contratos de arrendamiento de los inmuebles y falta de control y seguimiento a las funciones de los depositarios”.

Muestras del desorden en que permanece la SAE es el hallazgo de contratos que estaban vigentes sin las pólizas exigidas, casos de subarrendamientos no autorizados por la entidad, la aplicación de descuentos improcedentes a los adjudicatarios de algunos bienes y la falta de control sobre las reparaciones y las obligaciones que asumen los arrendatarios.

“También se percibieron deficiencias en los mecanismos de evaluación, seguimiento y control a cargo de la oficina de control interno y en los procesos de enajenación, comercialización, asignación y chatarrización de vehículos, evidenciando la pérdida de valor”, prosigue el resultado de la auditoría.

Subraya además la Contraloría General de la República que hay vehículos almacenados en patios por periodos superiores a seis años, generando costos de bodegaje por alrededor de $1.090 millones entre los años 2021 y 2025.

Por último, señala que evaluará “la efectividad de las acciones emprendidas por las SAE para eliminar las causas que originaron los hallazgos y se hará seguimiento al plan de mejoramiento que debe incorporar la entidad con acciones y metas de carácter correctivo o preventivo dirigidas a corregir las causas administrativas que originaron los hallazgos identificados por el ente de control”.