Grupo élite de la Contraloría realizó diligencia de investigación en la Fiduprevisora

La Contraloría General de la República adelantó este viernes 31 de julio una diligencia de inspección en las instalaciones de la Fiduprevisora, como parte de las acciones de seguimiento sobre el manejo de recursos públicos y los recientes procesos de contratación estatal.

La jornada fue realizada por funcionarios del grupo élite de policía judicial del organismo de control, quienes recopilaron información relacionada con la asignación, desembolso y ejecución de recursos administrados por la entidad de economía mixta.

La actuación se desarrolla en medio de las investigaciones derivadas de la función de advertencia emitida por la Contraloría al Ministerio de Hacienda y al Gobierno Nacional, luego de detectar un aumento significativo en la contratación pública tras el levantamiento de las restricciones establecidas por la Ley de Garantías. De acuerdo con el ente de control, el volumen de contratos suscritos supera en un 50 % el registrado durante las últimas semanas del gobierno anterior.

A este contexto se suman las indagaciones sobre un contrato cercano a los 33.000 millones de pesos destinado al alquiler de equipos de cómputo, proceso que fue objeto de cuestionamientos por presuntas irregularidades. La Procuraduría había advertido la ausencia de documentos esenciales dentro del expediente contractual, situación que llevó a la Fiduprevisora a suspender dicho contrato.

Según explicó la Contraloría, la inspección tiene como objetivo verificar la trazabilidad de los recursos públicos, desde su apropiación presupuestal hasta su ejecución contractual, con el fin de establecer si los procedimientos se ajustaron a las normas vigentes.

Esta no es la única actuación reciente del organismo de control. El pasado 29 de julio, un equipo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) realizó una inspección técnica al Ministerio de Hacienda para revisar documentación relacionada con el comportamiento del presupuesto y el incremento de la contratación estatal. La visita también incluyó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

En días recientes, la Contraloría informó que entre el 22 de junio y el 21 de julio se celebraron 14.414 contratos públicos por un valor cercano a los 4,55 billones de pesos, lo que representa un incremento del 22,5 % frente a periodos anteriores. El organismo expresó especial preocupación porque más de 11.000 de esos procesos fueron adjudicados mediante contratación directa, en un escenario marcado por restricciones fiscales, rezagos presupuestales y mayores necesidades de financiación del Estado.

Finalmente, la entidad señaló que la función de advertencia permitió identificar ocho factores de riesgo que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la eficiencia en la ejecución del gasto, por lo que anunció que mantendrá un seguimiento permanente sobre estos procesos contractuales.