Gobernador de San Andrés pide medidas cautelares a la Cidh por "persecución" de la Fiscalía

El gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares, luego de que la Fiscalía anunciara una imputación de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la celebración de contratos durante la pandemia del COVID-19.

Las medidas cautelares buscan "evitar que la Fiscalía General de la Nación siga con su conducta de persecución al señor gobernador de San Andrés Islas, con ocasión del enfrentamiento que ha habido por ciertos hechos irregulares que han ocurrido en el interior de ese ente de investigación. Creemos que el gobernador merece el respeto y la protección de sus derechos", manifestó el abogado de Hawkins, Julio César Ortiz.

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Esta semana, la Fiscalía anunció que imputará a Hawkins los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, por presuntas irregularidades en la firma de 16 contratos durante la emergencia sanitaria del covid-19.

Según la Fiscalía, los contratos, por más de 240 millones de pesos, firmados entre el 2 abril y el 29 mayo de 2020, tenían como objetivo la realización de actividades de inspección turística, actualizar la información de la isla para ser difundida a los visitantes, al igual que auxiliares de enfermería, entre otros, pero no podrían suscribirse debido a que, para entonces, un decreto nacional impedía la realización de actividades recreativas en lugares como playas y sitios de interés turístico.

Hawkins asegura que las investigaciones se adelantan como represalia por sus críticas a una visita hecha por el fiscal general, Francisco Barbosa, y el entonces contralor general, Felipe Córdoba, en plena pandemia a la isla de San Andrés, la cual fue objeto de fuertes críticas.