Por medio de un video, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer lo que presuntamente estaría realizando la marca Lili Pink al cambiar las marquillas de productos importados de China para presentarlos como “hechos en Colombia”.

Dichas imágenes se dieron a conocer durante las audiencias como principales pruebas expuestas por la Fiscalía.

Según muestra el video, en una canasta se observan varios sujetadores con la marca de la empresa, pero al avanzar, el personal encuentra en una caja algunos interiores sin la marquilla, seguido de una bolsa llena de etiquetas.

Al parecer a las prendas se les retiraban las etiquetas originales de las prendas y se les adherían nuevas marquillas con la inscripción “Hecho en Colombia”.

Dicha práctica de doble marcaje formaba parte del esquema de contrabando que fue detectado por las autoridades para burlar los controles aduaneros y dar apariencia de legalidad a mercancías extranjeras.

Ocho implicados se declararon inocentes

Ocho presuntos implicados en pertenecer a una red dedicada al contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir se declararon inocentes.

Los llamados a responder son los empresarios Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.

Las pruebas que la Fiscalía tiene contra la empresa Lili Pink revelan que la red de contrabando estaba compuesta presuntamente por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. Entre los elementos que traían están prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.

“Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”, explicó la Fiscalía.

Hasta el momento, el ente investigador ha documentado el lavado de activos en cuantía de $730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la DIAN, avaluadas en más de $54.000 millones, y un posible contrabando que superaría en valor los $75.000 millones.

“Descuidada y desleal”

Luego que la Fiscalía imputara los cargos a los principales protagonistas de este caso, una jueza declaró ilegal la información que la fiscal del caso obtuvo en los allanamientos.

Ante esto, una jueza dio a conocer los errores de procedimiento, calificando de “descuidada y desleal” la actividad de la Fiscalía en este proceso.

“Entonces ya son muchos los errores que cometió la señora fiscal y esto no puede pasar. Esto debe ser, debe hacerse un llamado de atención y la unidad de la dirección especializada debe conocer la manera como la señora fiscal, pues está realizando sus solicitudes de audiencia de una manera, pues descuidada”, dijo la jueza.

Este sería entonces un duro golpe a la investigación, ya que la información obtenida en los allanamientos, y que es la base de la imputación, al parecer, según la jueza, sería ilegal y no podrá usarse en otras etapas del proceso.

“Hubiera seguido así sin ningún fundamento legal. Entonces cae por su propio peso que la orden emitida es completamente ilegal, por lo tanto, pues el procedimiento y los resultados tendrán la misma suerte por lo expuesto, pues el juzgado 18 penal municipal con función de control de garantías declara la ilegalidad material y formal por la vulneración al debido proceso”, dijo la jueza.