Exparamilitares designados como gestores de paz cuestionan demanda de la Defensoría que busca anular sus nombramientos

Los exparamilitares de las AUC designados como gestores de paz por el presidente Gustavo Petro recibieron con sorpresa la demanda presentada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, en la que solicitó anular dichos nombramientos.

Por medio de un comunicado, los 16 exintegrantes de esa organización criminal manifestaron su inconformidad y preocupación por la decisión de la Defensora, pues sostienen que solo pretende ponerle “palos a la rueda de la paz”.

“Queremos expresar nuestra sorpresa por la acción administrativa interpuesta por la Defensoría del Pueblo, más aún cuando se basa en prejuicios e imprecisiones graves, viniendo de la institución que vela por los derechos del conjunto de la sociedad colombiana”, reza uno de los párrafos del documento.

Además, explicaron por qué la demanda carecería de fundamento, y le hicieron un llamado a Marín para establecer un diálogo en lugar de “convertir a la Defensoría en la caja de resonancia del señalamiento infundado”.

Los gestores de paz recordaron que su movilización se hizo efectiva entre los años 2003 y 2006, en el marco de una negociación política con el Estado, proceso por medio del que se desmovilizaron más de 35 mil personas, pero que no fue cerrado ni firmado como debería, señalaron.

“A pesar de fallas e incumplimientos del gobierno de turno (...) hemos cumplido cabalmente con todas las instancias de la justicia tanto ordinaria como transicional, además de nuestra participación en los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido del acuerdo con las Farc”, mencionan.

A su juicio, la forma en la que la Defensora se refiere a los gestores de paz es despectiva, prejuiciosa e imprecisa, teniendo en cuenta que “decenas de abogados” de esa entidad “atienden tanto a víctimas como a desmovilizados inmersos en procesos judiciales”.

Los implicados informaron que remitirán todos sus argumentos al Consejo de Estado, los cuales explican los “señalamientos infundados” por parte de la entidad. No obstante, hicieron énfasis en la importancia de realizar un diálogo público sobre los temas que plantea la demanda.

Lo anterior bajo la finalidad de que la sociedad pueda acceder al debate y “tener un juicio sobre lo que más le convenga al país en materia de restitución de derechos y tránsito hacia el perdón, la reconciliación y por ende la paz”.

“Nos gustaría ver de la Defensoría del Pueblo la misma actitud frente a temas graves que son de su competencia, como por ejemplo el asesinato selectivo de más de 5300 hombres y mujeres ex autodefensas que dejaron las armas”, puntualizaron.