Este jueves habrá nuevo intento por elegir fiscal; sigue debate sobre la función de la Corte Suprema de Justicia

Por Colprensa

Este jueves, 22 de febrero, la Corte Suprema de Justicia tendrá su tercera sesión de Sala Plena del 2024. En ella habrá un nuevo intento de escoger a la próxima Fiscal General de la Nación.

Más allá del ambiente de tensión que quedó luego de las protestas del 8 de febrero, ahora persiste un nuevo debate: las facultades electorales de esa Corporación y de la Rama Judicial.

La Sala Plena del Tribunal, presidida por el magistrado Gerson Chaverra Castro, tiene pendiente elegir entre las exfiscales Amelia Pérez Parra, Ángela María Buitrago Ruiz y Luz Adriana Camargo Garzón para ser la sucesora de Francisco Barbosa —o más bien, de Martha Mancera, fiscal encargada—, mas la votación, que requiere dieciséis apoyos, no ha llegado a una conclusión certera.

El debate en la Sala Plena se retomará este jueves sobre las nueve y media de la mañana. Antes, el Tribunal escuchará, desde las ocho, a los diez aspirantes al cargo de magistrado o magistrada de la Sala de Descongestión Laboral. Cada uno tendrá siete minutos.

Si ninguna de las ternadas por el presidente Gustavo Petro llega al número mágico de apoyos, la próxima jornada de votación se desarrollará dos semanas después, el 6 de marzo. Mientras tanto, Martha Janeth Mancera es la fiscal general encargada.

La expectativa se concentra en que esta vez la votación pueda ser tranquila y que el ambiente de solemnidad no se vea afectado por otro asedio, como el que ocurrió el 8 de febrero, cuando varias organizaciones convocaron marchas para exigir una elección “ya”.

El Consejo de Estado decretó, como medida cautelar en un trámite de tutela, que la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán Pachón, refuerce las medidas de seguridad alrededor del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía.

Debate sobre las función de las cortes

De acuerdo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia se puso de presente un cambio en ese sentido. “En algunas propuestas se habla de modificar, en general, la designación de varios funcionarios por parte de la Rama Judicial”, manifestó el 16 de febrero, al tiempo que indicó que “se estudiará”, puesto que “hay apertura”.

Actualmente, la Corte Suprema de Justicia escoge a la persona titular de la Fiscalía General de la Nación luego de una terna enviada por la Presidencia de la República. Se trata de un deber establecido en la Constitución y, como afirma en Colprensa Gustavo Gómez Aranguren, expresidente del Consejo de Estado, hace parte del “principio de colaboración armónica entre poderes”.

El exconsejero sostiene que las facultades electorales de las altas cortes se establecieron en la Constitución para varios cargos porque en los noventa los jueces eran “lo único medio salvable que tenía Colombia”.

Pero actualmente “ese modelo ha tenido varios problemas, porque los magistrados no son dioses ni ángeles, son seres humanos comunes y corrientes”. Teniendo en cuenta que ese escenario “perturba fuertemente la transparencia y el funcionamiento de los altos tribunales”, la propuesta que ha rondado por un tiempo en algunas esferas es “suprimir las facultades electorales de los magistrados de altas cortes”, enuncia Gómez, pues si los togados “empiezan a trabajar en política, la justicia se degrada, se contamina”.

”Cuando se discutió en el 91 si la Fiscalía debería pertenecer a la Rama Judicial o al Ejecutivo, se examinaron los pros y los contras para al final decir: ‘tenemos un fiscal que hará parte de la Rama Judicial y, por lo tanto, la garantía de independencia, autonomía, idoneidad frente a los conflictos’”, le explicó a Colprensa el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas.

El magistrado indicó que algunas voces se inclinan por un mecanismo inverso: que la Corte presente una terna y que el presidente escoja.

“Pero digamos que eso es parte de la imaginación de los juristas, que tenemos imaginación profusa”, subrayó, mientras insistió en que, como magistrado, considera que el procedimiento vigente “es el que es, es el que ha funcionado, es el que está bien”. Reyes agregó que esa es su opinión como magistrado, pero llega a ser distinta si la valora como académico. Es en la academia donde surge la idea de que la Constitución podría —o incluso debería— enmendarse para sustraer esas facultades a la Rama Judicial.

La Corte Suprema, por ejemplo, no solo escoge fiscal, sino que nomina candidaturas para procurador o contralor generales. ”Sería interesante que surgiera una iniciativa legislativa que permitiera modificar esos apartes de la Constitución que imponen la forma en la que actualmente se escogen altos funcionarios, por ejemplo, fiscal general de la nación. El problema no es que la Corte tenga facultades electorales, sino quién presenta las ternas”, destaca la penalista Dalila Henao Guerrero.

La docente de Derecho Penal dijo, en diálogo con Colprensa, que el sistema de elección de ese tipo de cargos, como está concebido, “genera suspicacias, lastimosamente”. “Sería mucho más democrático, incluso, que fuese la misma Corte la que escogiera la terna y otro funcionario, por ejemplo, el presidente, quien finalmente tuviese la elección”, remachó.

No obstante, esa eventualidad no terminaría con uno de los principales conflictos jurídicos que implica una relación entre la Corte Suprema de Justicia y quien ejerza la jefatura del ente acusador, y es que uno de los deberes de la Fiscalía es investigar y acusar a personas con fuero constitucional que luego son juzgadas por la Corte, como gobernadores o magistrados de Tribunales.

La penalista Sarah Juanita Campos Ospina apunta que esa función, que aparece en el artículo 251 de la Constitución, “genera inconformidad en la población colombiana e intranquilidad en una sociedad tan politizada”.

Por eso, dice, en un futuro la Corte Suprema de Justicia no debería mantener sus facultades electorales, “por seguridad jurídica y tranquilidad de los colombianos”. Sin embargo, mientras no ocurra un cambio sustancial en el deber de escoger, esa misma seguridad jurídica debería ser el fundamento para “concluir la elección de fiscal general en el menor tiempo posible”.

“Es una función que le impone la Constitución Política en el artículo 249″, enfatiza la abogada, y añade que se trata de una “obligación absolutamente clara”. Andrés Felipe Caballero Sierra, miembro del Colegio de Abogados Penalistas —una agrupación que tiene asiento en la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia—, tiene una opinión similar.

Para el litigante, es necesario cambiar el mecanismo de elección de fiscal general “para evitar choques de trenes” en algunos “casos complejos”, como el del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En ese episodio, una vez la Sala Especial de Instrucción de la Corte definió la situación jurídica del exmandatario ordenando su detención domiciliaria preventiva, Uribe renunció a su cargo de senador. El debate jurídico que vino después fue largo, pero se zanjó con el envío del expediente por manipulación de testigos a la Fiscalía, que hasta ahora ha buscado la preclusión sin obtenerla.

”Lo mejor es que a la Corte Suprema de Justicia le sean suprimidas esas funciones y se busquen otros mecanismos. Así se evitan conflictos de intereses, no solo con el fiscal que escogen, sino también con el presidente de turno que envía la terna”, remarca Caballero, quien aclara que eso sería lo mejor para mantener “el aura de pureza” del máximo órgano de la justicia ordinaria.

El problema de cualquier modificación, de todos modos, llegaría después: Si no es la Corte la que escoge, ¿entonces quién? Para Caballero, el encargado debería ser el presidente “y ya”. La Fiscalía General de la Nación, como en otros países, “debería pertenecer al Ejecutivo”, lo que significaría que la persona seleccionada para ser fiscal sea “representante” de la Jefatura de Estado.

La deliberación sobre desprender las facultades de elección de las altas cortes pasaría por establecer el eventual papel del Congreso de la República dentro del mecanismo. Como expone el director de la Corporación Excelencia en la Justicia —también presente en la Comisión de Expertos—, Hernando Herrera Mercado, no es buena idea que el Legislativo finalmente nombre a quien sea fiscal general.

El expresidente de la corte Arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá explica que el Congreso, que no ha enseñado “la misma idoneidad de las Cortes”, ha dado muestras “deficientes” de cómo es “conducir exitosamente” la escogencia de altos funcionarios.

Si el Parlamento fuese el responsable, expresa Herrera, el proceso sería “aún más complejo”.”El problema es que, si bien no parece deseable, en relación con los cuerpos externos a la Rama (Judicial), que haya participación de las Cortes, no se ha encontrado un mecanismo que sea mejor” para la garantía de la independencia de órganos como la Fiscalía, la Contraloría o la Registraduría, como observa el exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Guerrero sostiene que puede ser “bienvenido” un diseño “que cumpla el propósito de la garantía de independencia sin comprometer a las Cortes”. “Sería lo ideal”, pero no se ha encontrado “esa fórmula mágica”, que sería aun más difícil en la elección de fiscal general, pues es “deseable” que la propia Rama de la Justicia sea la que escoja luego de la intervención de la Presidencia.

Para la elección del contralor, en la que participaban las altas cortes, se modificó el sistema y se confió al Congreso de la República un procedimiento que no parece satisfactorio, adecuado desde la perspectiva de la independencia. Eso nos muestra la dificultad que existe en buscar un mecanismo que implique sustraer a las Cortes”, concluye el expresidente de la Corte Constitucional.