¿Es la nueva Reforma Estatal un costo alto pero necesario para el país?

La creación de 31 entidades y 4 nuevos ministerios valdrá $300.000 millones. Sindicatos dicen que costo será mayor.

Colombia está estrenando reforma estatal, y aunque el propio presidente Juan Manuel Santos admite que no será para ahorrar, pues el objetivo es buscar la eficiencia del aparato público para ponerlo a tono con los tiempos modernos, muchos consideran que no será así. ¿Pero cuánto costará esa reestructuración? Es el gran interrogante. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, asegura que dicho ‘revolcón’ valdrá $300.000 millones, pero los sindicatos sostienen que podría llegar a los dos billones de pesos. Todo porque será necesario ampliar y redistribuir la planta de personal, más una infraestructura adicional —de edificios y oficinas— para albergar a las 31 entidades creadas y los resucitados ministerios del Trabajo, Justicia, Salud y Medio Ambiente y sus viceministerios. Tal esfuerzo implicará nueva sistematización y logística, y papelería, lo que elevará el rubro de funcionamiento oficial, recalca Tarcisio Mora, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.Sin embargo, Echeverry sostiene que la reforma supondrá un ahorro del 40%, ya que los cálculos iniciales fijaron un costo de $500.000 millones.Pese a ello, Mora afirma que la reforma implicara contratar más gente, pero reconoce el hecho de haberse revivido los Ministerios del Trabajo y de Salud. “Ojalá que el resto de las nuevas instituciones no sean otros elefantes blancos”, dice. Hoy, la nómina estatal la conforman un millón de servidores públicos, de ellos 600.000 militares y policías. Otros 120.000 son funcionarios provisionales, y allí el enigma es si serán vinculados definitivamente o no, a la planta oficial, a través de la reforma. Pese a tal carga, el analista y consultor privado, Mauricio Cabrera, defiende los cambios al andamiaje estatal.“Muchas de las nuevas entidades son necesarias como las agencias de Defensa del Estado, de la Infraestructura y de la Minería, lo mismo que Coljuegos y los ministerios que fueron desmantelados durante el gobierno de Uribe”, anota.En materia de costos recalca que “hay ahorros que matan como ocurrió en la anterior administración, ya que faltó más regulación y control”. A ello Percy Oyola, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, responde: “Aplaudimos que no haya una masacre laboral tras liquidarse el DAS, el Inpec y la Dirección de Estupefacientes, entre otros organismos”.Los pro y contraPero si se trata de obtener dineros para financiar la reforma, lo que más destacan los analistas es la creación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.Todo porque las demandas le han costado a la Nación $3,2 billones en los últimos siete años. Sólo en el 2010, el Gobierno pagó $1,1 billones por sentencias y fallos tras perder decenas de procesos, lo cual constituye un fuerte desangre para las arcas. Allí, anota Cabrera, el Estado podría ahorrarse miles de millones con una buena defensa de los asuntos públicos frente a las millonarias pretensiones económicas de los particulares.Además se ganaría transparencia — y la posibilidad de menos corrupción— con entidades como ‘Colombia Compra Eficiente’ que administrará todas las compras del Gobierno.En eso coincide Julio César Alonso, director del Centro de Investigaciones en Economía y Finanzas de la Universidad Icesi, al señalar que “Colombia vivió la amarga experiencia de fusionar ministerios, lo cual fue un retroceso para el funcionamiento del Estado”. En su concepto, con esos cambios “se perdió la eficiencia a costa de ganar un par de puestos menos de trabajo con políticas de austeridad”.Dicha estrategia salió muy cara, recalca por su parte Ricardo Bonilla el catedrático y ex director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la Universidad Nacional.La pérdida de eficiencia en las entidades públicas en los últimos ocho años, anota, se produjo tras recortarse la nómina oficial en 200.000 funcionarios, para ser sustituidos por igual número de miembros de las Fuerzas Armadas. Ante las nuevas realidades, “diría que deberá reducirse lo militar, pero eso implicará crear una nueva política de seguridad para superar el episodio de la guerra. Allí hay un gran reto”. Los estudiosos consideran que para un país como Colombia, la nómina de un millón de funcionarios está algo desfasada para atender a 46 millones de habitantes, ya que es la misma de hace 25 años cuando eramos 30 millones. Sin embargo, Bonilla estima que con las prácticas de Buen Gobierno se podría funcionar con mayor eficiencia. El gran desafío es ganar eficiencia. “Países como Grecia, Italia, Portugal, entre otros, están hoy al borde del abismo, por haber incurrido en desproporcionados costos estatales y burocracia”, advierte el economista Eduardo Sarmiento. En la reforma de 1991 se hizo énfasis en reforzar la rama judicial. Ahora será en lo económico y lo social.Lo cierto es que a partir del 1 de enero del 2012, los colombianos tendrán que acostumbrarse a observar una nueva telaraña de entidades públicas (ver recuadro). Lo clave es saber si funcionan correctamente . El tiempo lo dirá.