Emilio Tapia tiene una “estrategia” para pagar poca cárcel y poca plata en el escándalo de Centros Poblados

La Fiscalía General de la Nación logró la primera condena en el escándalo de corrupción de Centros Poblados y se acerca otra, sin embargo, muchos se preguntan “¿y de la plata, qué?”. Ese capítulo está en manos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que se convirtió en el abogado del MinTic y esperan una reparación “integral”.

Los protagonistas de esta polémica se arrodillaron y confesaron, pero la Fiscalía no les firmó nada sin antes fijar los compromisos de reparación con el Estado. El problema que advierten las víctimas, es cómo el robo, que arrancó en 70.000 millones, ahora va en 15.000, después de analizar un informe del interventor del proyecto.

“El resto de plata, lo que se tiene documentado, es que fue invertida en la instalación y puesta en marcha de algunos puestos digitales. Incluso en los procesos contenciosos administrativos en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que se ha discutido es que esos puestos fueron instalados y recibidos por el interventor”, señaló el director contra la corrupción de la Fiscalía, Eduar Alirio Calderón.

Por ende, el polémico, condenado e investigado contratista Emilio Tapia ha planteado una reparación que nadie entiende, nadie quiere y nadie cree. Tapia, que espera un traslado a una guarnición militar para cumplir la medida de aseguramiento en su contra, manifestó —a través de su defensa— la intención de entregar el porcentaje de un lote en un exclusivo sector de la ciudad de Santa Marta.

“Quién le va a creer. Espera entregar un lote que no está a nombre de él. Que supuestamente tiene un porcentaje de ese lote y como reparación. A Emilio Tapia no se le puede confiar. La reparación debe ser en efectivo en las cuestas del Estado, lo demás son meros anuncios”, señalaron fuentes del proceso.

Como si fuera poco, al enredo en la negociación que propone Tapia, las mismas fuentes advierten que el excontratista le apuesta a todo tipo de rebajas, que si bien están consagradas en la misma ley, no dejan de llamar la atención por considerar sus antecedentes.

“Tendrá rebaja por reconocer responsabilidad, por ser imputado como interviniente, si le aceptan la reparación tendrá otro descuento y si demuestra buen comportamiento en su sitio de reclusión, más rebaja de la eventual pena”, advierten quienes anticipan una “jugada” del excontratista para beneficiar su situación judicial.

Así las cosas, por lo menos con Emilio Tapia, el tema parece enredado. Ni acuerdo, ni reparación y sí rebaja de pena. El contratista le va sacando ventaja a la justicia, pues cada día que pasa privado de la libertad y mientras discuten la reparación que ofreció, los descuentos en la futura pena, ya están corriendo.

Mientras el informe del interventor advierte que al menos 1.000 puntos de conectividad fueron instalados por Centros Poblados en distintas partes del país, en cumplimiento del contrato y del anticipo de 70.000 millones de pesos, en el MinTic tienen otro informe que señala un escenario oxidado y olvidado.

El MinTic, en diálogo con SEMANA, advirtió que nada de lo supuestamente instalado, como punto conectividad, está en funcionamiento, mucho menos fue entregado al ministerio, por tanto, ni está en el inventario, ni puede ser asumido como cumplimiento del contrato inicial. “Son antenas o equipos que se están oxidando, que no tienen mantenimiento, que fueron vandalizadas”, señalaron fuentes del Ministerio.

Esos supuestos puntos de conectividad que aparecían en el informe del interventor, llevaron a la Fiscalía a la conclusión de que el monto del peculado, de lo apropiado, no son los 70.000 millones de los titulares, sino 15.000 que quedan luego de entender los gastos del contratista para llevar los equipos a zonas apartadas del país.

El problema que surge ahora es que mientras se discute si los equipos supuestamente instalados se descuentan del monto total del anticipo, los mismos quedaron en el abandono y el Estado ya pagó por ellos. Es ahí donde el MinTic deja constancia de que no pueden ser asumidos como reparación. Insisten que se defraudó en 70.000 millones y ese mismo valor debe reintegrarse.

¿Cómo va la reparación?

SEMANA conoció un informe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado con la radiografía de la reparación por el escándalo de Centros Poblados. En total, el Estado ha recuperado poco más de 3.675 millones de los 70.000 del escándalo de corrupción.

Juan Carlos Cáceres, quien figuró como propietario de Novotic, una de las sociedades que conformaron la Unión Temporal y socio mayoritario en el contrato de Centros Poblados, entregó al Estado 3.301 millones de pesos como parte de su proceso de reparación y está pendiente de devolver 1.950 más, para completar su compromiso.

Jorge Enrique López, el hombre que estaba en la sombra del millonario contrato, pero que se encargó de falsificar las garantías bancarias presentadas al MinTic, entregó 187 millones de pesos que, al parecer, fue lo que recibió por el documento falso.

Por su parte, Juan José Laverde, corredor de seguros y designado por la Unión Temporal Centros Poblados para conseguir las garantías bancarias, que se convirtió en el primer condenado en este escándalo, entregó 186 millones de pesos como reparación al Estado.