ELN publica prueba de supervivencia de dos agentes del CTI secuestrados en Arauca

Una angustiosa grabación de 16 minutos encendió nuevamente las alarmas sobre el conflicto armado y el flagelo del secuestro en el oriente del país. El Frente de Guerra Oriental del grupo insurgente difundió una prueba de vida de dos investigadores de la Fiscalía General de la Nación capturados en el departamento de Arauca.

Los funcionarios públicos Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes cumplían labores investigativas al momento de su aprehensión el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul, aparecieron en un video fechado el 10 de julio de 2026.

Tras cumplir 14 meses en cautiverio bajo condiciones selváticas, los uniformados enviaron un contundente llamado humanitario directo a la Casa de Nariño. Los retenidos urgieron al mandatario nacional a gestionar un mecanismo de canje antes de que expire su periodo de gobierno constitucional.

Jesús Antonio Pacheco Oviedo dirigió unas palabras sumamente emotivas al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo. El agente solicitó una intervención definitiva y conmovió a la opinión pública al mencionar una misiva enviada por su hijo de siete años.

Por su parte, Rodrigo Antonio López Estrada expresó la profunda incertidumbre que padece cada mañana en la selva y pidió coherencia con las banderas de diálogo del Ejecutivo.

Asimismo, envió un mensaje preventivo a las administraciones que asumirán el poder, exhortando al gabinete entrante de Abelardo De La Espriella a manejar con extrema prudencia la problemática con el grupo subversivo.

El material audiovisual, divulgado el pasado domingo 12 de julio, reactivó el debate nacional en torno a la viabilidad de los acuerdos humanitarios. El ELN insistió en su total disposición para efectuar el canje de prisioneros, argumentando que no han recibido respuestas concretas por parte de las entidades gubernamentales.

La organización alzada en armas responsabilizó directamente a las autoridades de transición por la integridad física de los investigadores ante cualquier intento de incursión militar. La guerrilla advirtió que un operativo de rescate por la fuerza pondría en riesgo inminente las vidas de los dos funcionarios.

Familiares y compañeros de trabajo de los secuestrados en la Fiscalía General de la Nación han redoblado esfuerzos y manifestaciones públicas en los últimos días. El llamado de los seres queridos se enfoca en presionar una salida concertada antes de que se cumpla el plazo del llamado juicio revolucionario, el cual estipulaba penas de hasta cinco años.

La situación permanece bajo la lupa de los organismos defensores de los derechos humanos y la comunidad internacional, que exigen la pronta liberación de los agentes.