Defensoría del Pueblo advierte recorte presupuestal y denuncia falta de pago a más de 5000 contratistas

La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una fuerte advertencia este fin de año al alertar sobre las consecuencias de un recorte presupuestal que afecta el funcionamiento de la entidad e impide el pago oportuno de honorarios a más de 5.000 contratistas y defensores públicos que trabajan para garantizar el acceso a la justicia, especialmente para las personas más vulnerables del país.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026 incluyó un monto para la Defensoría que no solo es inferior a lo que la entidad había solicitado, para poder cumplir con sus funciones, sino que incluso es menor al presupuesto aprobado para 2025, lo que representa una reducción real de recursos.

Según Marín, este monto fue definido “unilateralmente” por el Ministerio de Hacienda y luego reducido aún más en el debate en el Congreso, lo que dejó a la Defensoría sin la capacidad financiera para cumplir con obligaciones contractuales ya pactadas.

El impacto de este recorte se concretó en diciembre, cuando la Defensoría fue notificada de que no contaría con los recursos necesarios para pagar los honorarios a más de 5.160 contratistas y defensores públicos, pese a que estos estaban contemplados en la ley de presupuesto y comprometidos mediante contratos de prestación de servicios debidamente cumplidos.

Este pago se esperaba que se hiciera antes de las celebraciones de Navidad, pero no fue posible debido a la falta de giró de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda.

Marín destacó la labor de los defensores públicos dentro del sistema de justicia colombiano, señalando que representan una pieza fundamental para que las personas sin recursos puedan acceder a una defensa adecuada en procesos judiciales.

Asimismo, aseguró que muchos de estos profesionales ya enfrentan cargas de trabajo superiores a lo razonable, lo que agrava aún más la situación.

Además de la falta de pago, la Defensora del Pueblo cuestionó la autonomía presupuestal de la entidad consagrada en la Constitución, planteando dudas sobre su eficacia cuando el Gobierno y otros actores políticos pueden reducir recursos sin que la institución tenga mecanismos efectivos de defensa.

La Defensoría ha anunciado que seguirá insistiendo ante el Gobierno y el Ministerio de Hacienda para que se destraben los recursos y se garantice el pago de los contratistas lo antes posible, al tiempo que pidió que en el debate presupuestal futuro se reconozca la importancia de proteger y fortalecer la institución para el bienestar de todos los colombianos.