Política

Caso UNGRD: Exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quedó en libertad

Hay varios funcionarios del gobierno Petro vinculados al escándalo de corrupción de la UNGRD.

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Las autoridades ratificaron orden de cárcel para el exministro Ricardo Bonilla.
El exministro Ricardo Bonilla estaba privado de la libertad desde diciembre. | Foto: El País

7 de abr de 2026, 09:07 p. m.

Actualizado el 7 de abr de 2026, 10:52 p. m.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes 07 de abril, la libertad del exministro Ricardo Bonilla, investigado por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión se produce en medio de un debate jurídico sobre los tiempos procesales y marca un giro relevante dentro de uno de los casos más sensibles para el Gobierno Nacional.

Tribunal Superior de Bogotá.
Tribunal Superior de Bogotá. | Foto: Colprensa

La solicitud había sido presentada por la defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado Alejandro Carranza. El argumento central fue el vencimiento de términos, al considerar que la Fiscalía no presentó la acusación dentro del plazo establecido por la ley.

Según la defensa, transcurrieron más de 120 días desde la imputación sin que se formalizara el escrito de acusación, lo que obligaba a conceder la libertad. Durante ese tiempo, Bonilla permanecía recluido en una instalación policial en el norte de Bogotá.

El caso está relacionado con presuntas irregularidades en la UNGRD durante 2023, donde, según las investigaciones, se habrían desviado recursos públicos para beneficiar a contratistas y obtener apoyos políticos en el Congreso.

En este proceso, Bonilla fue imputado junto a otros exfuncionarios, entre ellos el exministro Luis Fernando Velasco. La Fiscalía los señala como posibles articuladores de un entramado ilegal dentro del Gobierno.

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El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes la libertad del exministro Ricardo Bonilla. | Foto: Guillermo Torres / Semana

No obstante, el punto central de la audiencia fue la interpretación del plazo legal. Mientras la Fiscalía sostenía que los 120 días debían contarse desde la privación de la libertad ocurrida el 18 de diciembre, la defensa insistía en que el conteo debía iniciar desde la imputación.

La magistrada Isabel Álvarez Fernández fue la encargada de resolver el conflicto jurídico. En su intervención, dejó claro que la norma no admite interpretaciones extensivas en perjuicio del procesado.

Según explicó, el conteo de los términos debe hacerse desde la imputación, tal como lo establece el Código de Procedimiento Penal. Esta postura desestimó el argumento presentado por la Fiscalía.

En ese sentido, la funcionaria concluyó que el plazo ya había sido superado al momento de iniciar la audiencia, lo que hacía procedente la libertad del exministro.

Un elemento clave en la decisión fue el momento en que la Fiscalía radicó el escrito de acusación. Aunque el ente investigador aseguró haber presentado el documento, lo hizo después de iniciada la diligencia judicial.

Para la magistrada, este hecho no subsanaba el incumplimiento de los tiempos procesales. En su análisis, enfatizó que no se podía trasladar la carga de la demora al acusado, especialmente cuando ya se había iniciado la audiencia correspondiente.

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